La Justicia condenó el lunes a los ocho jóvenes que asesinaron a otro a patadas y golpes de puño en enero de hace tres años. Cinco de ellos recibieron condena perpetua y tres a 15 años. Los abogados de la querella y la fiscalía, que solicitaron durante sus alegatos perpetua para los ocho, apelarán el fallo, y será la Cámara de Casación la que resuelva la controversia.
Podrá coincidirse o no con el fallo o con la posición de los letrados querellantes y acusadores, pero el Poder Judicial hizo su trabajo y dictó sentencia, investigando debidamente la causa y dentro del marco de la institucionalidad que corresponde. No siempre puede decirse lo mismo de la Justicia, que carga con un desprestigio social bien ganado.
El crimen de Fernando Báez Sosa en manos de una patota conmovió a la sociedad argentina, al igual que otros casos de relevancia pública. Todos los crímenes son horribles y merecen la condena social, pero algunos, por sus características intrínsecas, se imponen en la agenda de los medios más que otros. El de Fernando fue uno de esos.
Las imágenes repetidas hasta el cansancio de la víctima en el piso y los victimarios agrediéndolo hasta provocarle la muerte son impactantes y causan lógica indignación. La condena social sobreviene mucho antes que la judicial.
Conviene, sin embargo, para los que no son familiares o amigos de Fernando, a los que nadie puede reprocharle ninguna reacción por el estado de conmoción personal que viven, dejar que la furia se apacigüe y evitar emitir mensajes que predican venganza, o violencia similar para reprender a los violentos. Mensaje que intentan condicionar a los jueces y que piden pena de muerte, que otros reclusos ejerzan violencia contra los rugbiers cuando lleguen a la cárcel, o que sus familiares sufran el escarnio público. Algunos personajes vociferan ese odio desde los medios de comunicación social, que reproducen infinitamente el discurso sin asumir la responsabilidad social que tienen al pararse frente a un micrófono. Lo señalado vale para éste o para cualquier caso similar.
Una reflexión muy valiosa sobre este tema aportó en los últimos días a través de distintos medios de comunicación la psicoanalista Andrea Edith Homene. Refiriéndose a los que cometen este tipo de delitos aberrantes y a la reacción social, opina: “Estos individuos, que en un instante rompen con la sujeción a la ley, llenan de odio a un cuerpo social que se pretende sano y libre de monstruosidades. La respuesta, paradójicamente, se presenta como especular: causarle al victimario el mismo dolor que ha causado. Sus actos parecen autorizar al testigo a soltar un poco el freno a su propio sadismo y a invitar a una especie de expiación colectiva de culpas, por aquello que, reprimido, no deja de insistir: la pulsión destructiva, de posesión, de aniquilamiento del otro”. “Si los victimarios en sus actos arrancaron todo vestigio de humanidad a sus víctimas, la respuesta no puede ser la misma”, añade.
Los discursos de odio, que circulan con asiduidad y con escasos reproches por las redes sociales, pero también por medios de comunicación que declinan la responsabilidad social que les compete, generan climas que son propicios para justificar comportamientos aberrantes y para alentar conductas agresivas e incluso la comisión de delitos de gravedad inusitada. Pero esos mismos mensajes irracionales y vehementes pueden operar en sentido contrario e intentar justificar el uso de la violencia, y no el castigo contemplado en la norma, para reprimir a los victimarios.
Recurrir a las leyes y las instituciones para impartir justicia, en vez de la apelación a la venganza despiadada, es lo que separa a las sociedades civilizadas de las que se rigen por la ley del más fuerte.
