El Centro Juvenil Santa Rosa, ubicado en Valle Viejo, es el único establecimiento especializado. Las localidades del interior tampoco cuentan con lugares de alojamiento.
Posibilidades. Algunos chicos infractores no están escolarizados.
El pasado 27 de febrero, la Cámara de Senadores aprobó con 44 votos a favor, 27 en contra y 1 abstención la reforma del Régimen Penal Juvenil. La norma baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y establece un nuevo marco normativo. Esta medida tendrá impacto directo en las provincias, que deberán absorber más casos con la misma infraestructura. En Catamarca, se enciende una alerta: hay un solo centro especializado para alojar adolescentes en conflicto con la ley penal.
El Centro Juvenil Santa Rosa, ubicado en Valle Viejo, es el único establecimiento de la provincia para alojar a adolescentes infractores. No hay centros en el interior. Tampoco hay —ni nunca hubo— un dispositivo específico para chicas. Con la reforma nacional en marcha, el sistema provincial podría enfrentar un colapso. La alerta está encendida.
En diálogo con El Ancasti, la ministra de la Corte de Justicia Fernanda Rosales Andreotti advirtió sobre las consecuencias de esta situación. "Si cualquiera de quienes diseñan las políticas públicas —tanto desde lo legislativo como desde el Ejecutivo o el Poder Judicial— se acercara a los hogares, se daría cuenta de que hay niños cuyos padres viven en el interior y tienen escasos contactos con ellos", señaló.
La concentración de la única infraestructura disponible en el Valle Central genera un problema estructural: los adolescentes del interior quedarían completamente desarraigados de su núcleo familiar, escolar y comunitario. Por ejemplo, alojar a un adolescente de la Villa de Antofagasta de la Sierra implicaría alejarlo de su centro de vida: más de 600 kilómetros de su familia y un viaje de nueve horas.
La ministra fue contundente al describir las consecuencias del encierro en estas condiciones: "Para un niño, estar encerrado en un hogar es abandono. Abandono de su familia, abandono del Estado por no haberle dado a esa familia los medios para poder contener a ese niño o adolescente, y por optar por la vía fácil de dejarlos depositados en algún lugar".
Rosales Andreotti cuestionó el enfoque punitivo sin recursos: "Queramos disfrazarlo como queramos disfrazar, el encierro es el encierro, en el lugar en el que sea sigue siendo el encierro, y la lejanía del núcleo familiar, del núcleo de amistades, de la vida libre y plena que debe tener un niño, niña o adolescente para poder desarrollarse como un adulto pleno".
La situación es aún más grave para las adolescentes mujeres. Catamarca nunca contó con un centro de detención específico para chicas. Como sucede en la mayoría de los casos, el hecho está antes que el derecho. Quizá, cuando surja algún caso, se visibilizará esta situación. Antes, no.
La reforma nacional no prevé presupuesto para crear infraestructura adecuada. Deja esa responsabilidad en manos de las provincias, que ya enfrentan recursos limitados. El punitivismo y la opción del encierro exponen la otra cara de la moneda: no hay —y no hubo— presupuesto para acondicionar los centros de detención para adolescentes en conflicto con la ley penal. La situación va acorde con una frase: no hay plata.
En este contexto, ya funciona en Catamarca el Plan Piloto de Mediación Penal Juvenil. Se trata de una herramienta —contemplada en la Ley Provincial 5544 desde 2019— que se implementará durante un año como prueba. Ante esta reforma, la mediación aparece una alternativa al conflicto. Con un solo Centro Juvenil en la provincia, sin infraestructura en el interior y sin dispositivos para chicas, la reforma nacional que baja la edad de imputabilidad podría generar más vulneración de derechos que soluciones.
La ministra Rosales Andreotti había considerado que el debate sobre la reforma Penal Juvenil no podía limitarse a los números o a las declaraciones públicas. "No solo hay que conocer los números, sino sentarse a hablar con esas niñas y adolescentes, con esas familias, para entender qué les pasó y por qué llegaron a ese lugar", concluyó.
El proceso es absolutamente voluntario para todos, tanto para el acusado como para la víctima. Si alguna de las partes no está de acuerdo, ese caso no se somete a mediación. No es compulsivo.
El artículo 83 de la Ley 5544 establece que la mediación penal no procede cuando la víctima sea menor de 13 años, en hechos de violencia de género, en delitos contra la integridad sexual, cuando el adolescente ya haya celebrado dos acuerdos de mediación penal o cuando haya incumplido un acuerdo previo.
