Aliado. Cornejo, uno de los gobernadores que apoya sin condiciones la reforma. Otros dudan.
26 de enero de 2026 - 00:10
En el oficialismo nacional se repite, con insistencia, que el proyecto de reforma laboral cuenta con los votos necesarios para ser aprobado. La aritmética parlamentaria, aseguran en los despachos libertarios, ya estaría resuelta y las objeciones que todavía se escuchan formarían parte del ritual previo a toda negociación legislativa de envergadura. Sin embargo, esa seguridad empieza a diluirse cuando se observa el impacto concreto de la iniciativa sobre las provincias, en particular en el aspecto fiscal.
El texto enviado por el Poder Ejecutivo incluye un capítulo impositivo que, lejos de ser neutro para las jurisdicciones subnacionales, implica una pérdida significativa de recursos coparticipables, cifras que afectan de manera directa la capacidad de los gobiernos provinciales para sostener políticas públicas básicas, en un contexto de caída sostenida de la recaudación y ajuste generalizado del gasto.
Un informe técnico elaborado por la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos puso cifras precisas a ese impacto. Según el trabajo, la aprobación de la reforma laboral sin modificaciones provocaría una merma de $3,187 billones en la coparticipación federal que reciben las provincias, como consecuencia de la reducción y eliminación de diversos tributos nacionales. Expresado en moneda estadounidense, el recorte supera los 2.200 millones de dólares, una magnitud difícil de relativizar incluso para las provincias de mayor tamaño.
Hoy, la mayoría de los mandatarios tiene una noción bastante precisa del costo fiscal que implicaría respaldar la reforma laboral en su redacción actual. Hoy, la mayoría de los mandatarios tiene una noción bastante precisa del costo fiscal que implicaría respaldar la reforma laboral en su redacción actual.
En Catamarca, el efecto es particularmente ilustrativo. La pérdida estimada alcanza los $49.826 millones anuales, unos 35 millones de dólares al tipo de cambio actual. Para una provincia con una estructura fiscal fuertemente dependiente de la coparticipación, ese monto equivale, por ejemplo, a la construcción de alrededor de mil viviendas sociales.
La principal fuente de esta caída de recursos es la reducción de las contribuciones patronales prevista en la reforma. A ello se suman la disminución del impuesto a las ganancias que tributan las grandes empresas, la eliminación del gravamen sobre las rentas financieras de personas humanas y la derogación parcial de impuestos internos que alcanzan a seguros, servicios de telefonía celular y satelital, bienes suntuarios, vehículos, embarcaciones y aeronaves. Todos ellos integran la masa coparticipable, de modo que cualquier modificación repercute de manera directa en los ingresos provinciales.
La difusión de este informe no pasó inadvertida. En las provincias se activaron alertas y se comenzaron a hacer cuentas finas. Hoy, la mayoría de los mandatarios tiene una noción bastante precisa del costo fiscal que implicaría respaldar la reforma en su redacción actual. Ese dato reconfigura la negociación política.
En ese marco, los esfuerzos que viene desplegando el ministro Diego Santilli para sumar apoyos entre los gobernadores enfrentan un obstáculo difícil de sortear si no hay cambios en el proyecto. En el Congreso se descuenta que los aliados más estrechos de la Casa Rosada, como Rogelio Frigerio en Entre Ríos o Alfredo Cornejo en Mendoza, acompañarán la iniciativa sin mayores reparos. Pero el resto de los gobernadores dialoguistas no parece dispuesto a convalidar una pérdida de recursos de esta magnitud sin exigir correcciones.
La demanda apunta a revisar los artículos del capítulo fiscal. Para las provincias, no se trata de bloquear una reforma ni de desconocer la necesidad de modernizar el mercado laboral, sino de evitar que ese objetivo se financie a costa de ingresos que resultan vitales en un escenario de estrechez fiscal creciente.
