El paro del miércoles reportará a Javier Milei el beneficio de ratificarlo en el control de la iniciativa política contra un “statu quo” que el electorado rechazó a través de él o de su ministra de Seguridad Patricia Bullrich.
Contribuye a esta percepción el hecho de que el protagonismo de la movilización haya sido asumido por la Confederación General del Trabajo, cuyos jerarcas son quizás la más acabada síntesis de lo que el libertario caracteriza como “la casta”.
Con sus liderazgos diezmados, las tribus del peronismo se someten a la estrategia de una burocracia que toleró el deterioro del poder adquisitivo de sus representados vía inflación, el incremento brutal de la pobreza y la descomposición de un mercado laboral en el que casi la mitad de los argentinos ocupados están en situación de informalidad.
Tal mansedumbre obedeció a una estricta lógica recaudatoria.
Durante todo el proceso de degradación social, el sindicalismo ortodoxo logró prosperar sobre la base de retener la “cuota solidaria” (sustracción compulsiva del aporte sindical que se hace al sueldo de los trabajadores no afiliados al sindicato) y el control sobre los recursos de las obras sociales. Se moviliza ahora porque las reformas que postula Milei terminaría con estas canonjías, cosa que podría resultarle letal si se tiene en cuenta el retroceso que ha experimentado en términos políticos a manos de las “organizaciones sociales” que se arrogan la representación de la llamada economía popular, conformada por trabajadores informales.
El paro del 24E es indicio del desconcierto que signa a la oposición dura. Con el rechazo en la calle, expresa la imposibilidad de neutralizar el DNU y la Ley Ómnibus que otorgan prerrogativas plenipotencias a Milei en la Cámara de Diputados.
La movilización así planteada le permite a la administración libertaria relativizar el costo de las concesiones que debió hacer a la oposición dialoguista para que su desmesurado proyecto fundacional tenga alguna chance de sortear la instancia parlamentaria. Alivia también el peso de los delirios mesiánicos y la megalomanía del propio Milei, que obstaculizó las tratativas con sistemáticos e indiscriminados agravios a los legisladores y llegó a amenazar con convocar a un plebiscito si no le daban el gusto de aprobarle el mamotreto a libro cerrado.
Paulatinamente, el oficialismo se arrima al número que le permitiría sacar el paquete de los superpoderes, pero con significativas bajas.
En el recuento provisorio:
- Las facultades delegadas al Presidente con el pretexto de la emergencia serán menos y por menos tiempo: un año con posibilidad de prorrogar por uno más, en lugar de los dos y dos más que pretendía La Libertad Avanza.
- No se incrementarán las retenciones a las exportaciones de los productos de las economías regionales.
- Se negociarán los cambios en los regímenes de pesca e hidrocarburos.
- Se mantendrá la fórmula de cálculo de los aumentos en las jubilaciones o se creará otra, pero no serán decididos discrecionalmente por el Poder Ejecutivo.
- Las eventuales privatizaciones deberán ser refrendadas por el Congreso e YPF fue excluida.
- La reforma electoral quedó afuera.
Milei tuvo que resignarse a extender las sesiones extraordinarias hasta el 15 de febrero. No se sabe si le permitirán capturar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del sistema previsional, que en noviembre del año pasado cotizó 76 mil millones de dólares según un informe oficial.
Contrastadas con la demencial intransigencia presidencial, tantas concesiones podrían interpretarse como una derrota, o una distorsión de la ideología libertaria, pero que la manifestación contra el Gobierno sea articulada por la CGT habilita espacio para la interpretación triunfalista.
Los “gordos” son tan casta que invisibilizan a la casta metamorfoseada en libertaria.
Por supuesto, aún falta la sanción de Diputados y el trámite en el Senado, que promete ser más arduo, pero por lo pronto se advierte la adaptación de los posicionamientos en el Congreso a los resultados electorales.
Milei obtuvo el 30% de los votos en primera vuelta y sumó en balotaje el 26% adicional que le dio el triunfo sobre Sergio Massa, tras el acuerdo con Bullrich y Mauricio Macri: con los matices del caso, es el 56% contra Massa, que fue respaldado por la CGT.
La exigua representación libertaria converge en Diputados con la de Juntos por el Cambio. La Ley Ómnibus saldría mocha como consecuencia de reflejar institucionalmente el veredicto de las urnas. Es decir: saldría mocha porque los operadores libertarios admiten en los hechos la naturaleza mestiza del triunfo de su estrafalario jefe, que en su incursión por Davos se autoproclamó gendarme iluminado de un Occidente amenazado por la avanzada infiltración colectivista.
Estos movimientos parlamentarios son correlativos tanto al afianzamiento de la liga de gobernadores de Juntos por el Cambio como a las dificultades que tienen sus pares peronistas para coincidir en una estrategia común.
Frente a la consistencia institucional que comienzan a adquirir el oficialismo y sus aliados, sus antagonistas se repliegan sobre la vetusta CGT y la defensa de un “statu quo” impugnado en las urnas.
Bajo los zafarranchos circenses de Milei, va construyéndose la nueva lógica.
