Como parte del tratamiento para la reinserción social en el servicio penitenciario
La Provincia trabaja en nuevas ofertas de formación profesional
En octubre de 2021, el Ejecutivo y la Corte de Justicia firmaron un acuerdo marco de cooperación mutua.
“En la vida no tuve oportunidades” o “quiero cambiar, mejorar y salir adelante” son frases que con frecuencia se escuchan en los debates en la instancia de la última palabra, antes de conocerse el veredicto. Luego, se conoce la sentencia: culpable y con pena de cumplimiento efectivo en el Servicio Penitenciario. Con la idea de lograr una verdadera reinserción social, en octubre de 2021 el Poder Ejecutivo y la Corte de Justicia firmaron un acuerdo marco de colaboración institucional. De esta manera se trabaja articuladamente para abordar, proyectar e implementar el tratamiento del Sistema Penitenciario Provincial, de acuerdo con lo normado por la Ley Nacional 24660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, como proceso pedagógico, avanzando hacia la resignificación de su eficacia en las personas privadas de libertad y en el tejido social.
Al respecto, a través de la Resolución Ministerial 397 de 2021, el Ministerio de Educación, por entonces a cargo de Andrea Centurión, resolvió facultar a las Instituciones Educativas que intervienen a realizar las correspondientes certificaciones de las ofertas de Formación Profesional que se implementen con participación de la Dirección Provincial de Educación Técnica y Formación Profesional. A tal fin, se autoriza al personal perteneciente a Instituciones Educativas dependientes de la Dirección Provincial de Educación Técnica y Formación Profesional, a cumplir funciones de acuerdo con su cargo y horario en el Servicio Penitenciario Provincial de Miraflores.
El acuerdo marco establece como objetivos determinar un estado de situación general del tratamiento penitenciario normado por la Ley 24660 y proyectar la normativa provincial adecuada en la materia; acompañar el proceso hacia la acreditación y legalidad en aquellas actividades que los internos desarrollan en el contexto del tratamiento penitenciario; formar para el trabajo a las personas privadas de libertad alojadas en los complejos del Servicio Penitenciario Provincial, garantizando el derecho a la educación, promoviendo su formación integral y desarrollo pleno.
Fundamentos
El acuerdo tiene como eje central la Ley 24660 que regula y establece normas para abordar, proyectar e implementar el tratamiento del sistema penitenciario relacionado con el proceso pedagógico, avanzando hacia la resignificación y de su eficacia en las personas privadas de libertad y en el tejido social, con participación de distintos actores institucionales y sectoriales.
Además, se destaca que la Educación en Contextos de Privación de Libertad “es la modalidad del sistema educativo destinada a garantizar el derecho a la educación de todas las personas privadas de libertad, para promover su formación integral y desarrollo pleno. El ejercicio de este derecho no admite limitación ni discriminación alguna vinculada a la situación de encierro, y será puesto en conocimiento de todas las personas privadas de libertad, en forma fehaciente desde el momento de su ingreso a la institución”.
En tanto que la Secretaría de Planeamiento Educativo remarcó que en el contexto de la penitenciaría se ubican las escuelas Primaria Nº 43 y Secundaria N° 3, ambas para Jóvenes y Adultos en Contexto de Encierro. Ante la propuesta del proyecto "Oportunidades" de implementar en el penal ofertas de formación profesional a cargo de instituciones dependientes de la Dirección Provincial de Educación Técnica y Formación Profesional viene a fortalecer las propuestas curriculares de mayor flexibilidad, a fomentar el vínculo de los proyectos educativos de educación con los sectores laborales y a generar articulaciones entre las diferentes modalidades del sistema. Todo ello hace necesaria la implementación de ofertas educativas de Formación Profesional del Servicio Penitenciario Provincial a través de instituciones educativas.
Entre otras cuestiones, se advirtió que "el Estado provincial, a través del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, u organismo que en el futuro lo reemplace, define y planifica la política educativa, la que tiene como fundamento y fin al educando y a la sociedad como sujetos destinatarios del derecho a la educación".
