martes 23 de julio de 2024
Fallo con perspectiva de género en el fuero civil

La Provincia fue condenada a pagar $3.000.000 por "daños" y "perjuicios"

En el marco de un procedimiento policial se vulneró el derecho al respecto a la identidad sexual de un grupo de jóvenes. Se filmó el operativo y se viralizó.

“Como consecuencia del alcance adquirido por la noticia y el video, se vio afectado el derecho al respeto a su identidad sexual, siendo además ridiculizados, parodiados y expuestos numerosos comentarios negativos y de índole discriminatorio”, consideró la jueza Civil de Primera Instancia de Cuarta Nominación, Silvina Millán. En la madrugada del 13 de septiembre de 2020 en una vivienda de Valle Viejo se realizó un procedimiento policial. Dentro se encontraba un grupo de jóvenes del grupo de diversidad sexual. El procedimiento se filmó y se viralizó. Con un click, en las redes sociales empezaron a surgir comentarios con burlas y ofensas.

Los jóvenes iniciaron una demanda civil, por “daños” y “perjuicios”, asistidos por la abogada Magdalena Mohaded Aybar. Demandaron al Estado provincial, a la Policía de la Provincia y a autores desconocidos por la suma de $500.000 para cada uno de los jóvenes afectados. En los días posteriores, la fama era tal que no podían salir a la vía pública sin ser objeto de bromas homofóbicas, de ser señalados con el dedo y hasta fotografiados en cada lugar al que concurrían, remarcaron. La magistrada hizo lugar a la demanda y resolvió que el Estado provincial debe indemnizar por la suma de $3.000.000.

En la presentación de la demanda, los jóvenes consideraron que el obrar policial, alejado de los deberes y funciones correspondientes, permitió la grabación de un video con tratos discriminatorios, vejatorios, cargados de prejuicios en cuanto al derecho a la identidad sexual de las personas presentes. No solo se vulneraron los derechos constitucionalmente protegidos de los demandantes, sino que, posteriormente, al adquirir el video estado público, ya que fue reproducido en distintas redes sociales y publicado como noticia, se agravó el daño por las consecuencias sociales que ello generó en cada uno de los actores, remarcó la magistrada.

“En las publicaciones se advierten, además, fotografías que habrían sido tomadas durante el operativo policial. Las publicaciones aludidas señalan la existencia del video supuestamente filmado por los uniformados y se observan comentarios agraviantes en contra de la identidad sexual de los actores e imágenes intervenidas a modo de parodia, sátira o ridiculización, conocidas en la actualidad como ‘memes’. Las publicaciones relatan la existencia del hecho policial”, señaló.

Además, se sostuvo que la Policía grabó el procedimiento realizado, en el que se advierte el trato dado a los jóvenes en la fiesta. Para la magistrada, con base a lo analizado, “no hay duda alguna de la existencia del procedimiento policial el día y en el lugar señalado”. Este mismo hecho también fue reconocido por todos los policías y el practicante denunciados, y reiterado por dos efectivos en sus declaraciones confesionales.

“Tampoco hay dudas de la existencia del video, puesto que los testigos dijeron haberlo visto, que los comentarios de las redes sociales se generaron a raíz de publicaciones que tenían como origen la información de dicho material, además de las denuncias penales realizadas y del propio reconocimiento que hacen los denunciados”, precisó.

A la vez, advirtió que “no existen constancias oficiales del operativo”. No hay acta labrada ni registro de las personas que se encontraban en el inmueble pese a las restricciones que existían para circular en ese momento, como consecuencia del Decreto Nacional que establecía es aislamiento social, preventivo y obligatorio, a raíz de la pandemia por COVID. “Si bien la filmación puede haber sido realizada por vecinos que se encontraban en el lugar, no hay constancias de que en el procedimiento haya habido terceras personas y, atento a la situación imperante al momento del hecho y las prohibiciones de circular que existían, como también las restricciones relativas a la concentración de personas, no resulta probable que ello haya ocurrido. También es dable tener en cuenta que resulta contradictorio lo afirmado por los demandados en cuanto a que no saben quién filmó el video y que éste pudo haberlo hecho un vecino congregado en el lugar a raíz del operativo policial, cuando de varias de las manifestaciones hechas en las contestaciones de demanda surge que el operativo fue en el interior de la vivienda”, recalcó.

Al respecto, aclaró que ante la ausencia de elementos que acrediten cómo fue realizado el procedimiento, tal como el acta que debió haberse labrado con motivo de la actuación policial, cobran relevancia los dichos de los demandados relatados precedentemente. “Se puede tener por acreditada la existencia del procedimiento policial en el interior de la vivienda, la ausencia de vecinos o terceras personas que hubiesen podido realizar el video y la existencia de este material fílmico”, aseveró. Para la jueza, la prueba más contundente, en cuanto a la existencia del video y que éste fue elaborado por el personal policial, surge en cuanto a que la filmación fue enviada a un grupo de guardia de Whatsapp. Esto permite inferir que este material fue elaborado por uno de los policías intervinientes en el operativo.

Mirada

En su demanda, los jóvenes consideraron necesario que se efectúe un análisis con perspectiva de género respecto del contexto en que el hecho tuvo lugar. Indicaron que, desde un punto de vista cultural, las personas que tienen una sexualidad diferente a la heterosexual son motivo de burla y rechazo. “Resaltaron que fue muy lamentable observar cómo en algunos de los comentarios de las publicaciones de las redes se los llama ‘personas’ entre comillas, como si la virilidad o los rasgos típicos de los estereotipos preconcebidos propios de los hombres y las mujeres fueran los que los terminan definiendo como personas”, sostuvieron.

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