En la primera marcha posterior a la absolución y restitución en su cargo del fiscal Laureano Palacios, el hijo del malogrado ministro de Desarrollo Social Juan Carlos Rojas, Fernando, ofreció por fin un indicio de cómo podría haberse originado la versión de que la muerte de su padre se había producido por causas naturales.
Basado en los testimonios que tres policías vertieron en la causa por homicidio que instruye el fiscal Hugo Costilla, dijo que el comisario inspector y licenciado en Criminalística Tomás Rodríguez, quien el 4 de diciembre de 2022, fecha del hallazgo del cadáver de Rojas, se desempeñaba como jefe de la División de Homicidios de la Policía de la Provincia, evitó que el episodio se informara en el grupo de Whatsapp de la repartición como “muerte dudosa” e indicó explícitamente que se la asentara como “muerte natural”.
Rodríguez negó ante Costilla que se hubiera hablado de “muerte natural” en las primeras horas de la investigación del hecho, pero dos subordinadas suyas lo desmintieron. Una de ellas es la que debía informar del hecho en el grupo de Whatsapp y dijo que recibió con desconcierto la indicación de su superior, pues se disponía a informar una “muerte dudosa” debido a las condiciones en que estaba el cadáver. El mismo desconcierto admitió haber sentido la otra policía testigo.
Se trata de un dato de primera magnitud, que obra en el expediente. Es la primera vez que un elemento concreto abona la teoría de que intentó encubrirse el crimen de Rojas y de que el fiscal Palacios, con apenas tres meses en el puesto y nula experiencia judicial, pudo haber sido manipulado.
Es difícil calificar la instrucción que habría dado Rodríguez como negligencia. ¿Cuál sería el sentido de impedir que su subordinada informara como natural una muerte que era a todas luces dudosa?
A este extraño episodio protagonizado por el exjefe de Homicidios se superpuso la desmentida de un policía de apellido Astrada, quien en un primer momento ubicó a Silvina Nieva, única imputada por el asesinato, en la escena del crimen, pero en un careo con la mujer se desdijo y aclaró que en realidad se refería a la hija mayor de Rojas.
Nieva estuvo una semana detenida a raíz de esta supuesta confusión por orden de Palacios, que le endilgó homicidio agravado por el vínculo y alevosía, cuya pena es prisión perpetua. Tamaña imputación se mantiene hasta la fecha.
Apuro higiénico
Una orden del jefe de Homicidios, la confusión de un policía. Solo falta identificar al efectivo que le habría indicado a Fernando Rojas que lavara la escena del crimen apenas el cuerpo de su padre fue llevado a la morgue para la primera autopsia, pero las pistas del despiste a Palacios son fuertes.
“Nos dijeron ‘no hay problema, limpien, limpien’, y ahí nos ofreció la empresa de limpieza”, porque había que limpiar “con químicos especiales para que no quede ningún resto de nada. Nosotros no sabemos nada de eso. Entonces, ahí se retiraron ellos, nos quedamos nosotros”, manifestó Natalia Rojas, hija del ministro, en una entrevista que fue publicada por El Ancasti el 2 de febrero.
“Pueden limpiar, lo dijo gente de Homicidios; limpien, es traumático, llamen a una empresa de limpieza y van a fumigar, no van a dejar manchas”, dijo Fernando Rojas en una entrevista con Radio Ancasti el 6 de abril.
El director del Cuerpo Interdisciplinario Forense (CIF), Sebastián Vega, también aludió a estos apuros higiénicos.
“Él (por Fernando Rojas) me manifiesta que le limpió la cara y también había limpiado el lugar porque tenía necesidad de soltar los perros y que para esto había solicitado autorización a personal de Homicidios”, expresó en una entrevista.
Antes de la primera autopsia se lavó la escena del crimen y se la dejó desguarnecida ¿Quién fue el policía que habilitó esto?
Una consigna policial fue puesta en la casa de Rojas cerca de la medianoche por orden del gobernador Raúl Jalil, apenas llegó al velorio del ministro, que se realizaba en la sede del sindicato de gastronómicos, la información de que había muerto por un golpe.
Palacios andaba mientras tanto pidiendo precisiones a los forenses, sin atinar a preservar de intervenciones dolosas el lugar del hecho. Tampoco ordenó resguardar el propio sindicato o el Ministerio de Desarrollo Social, por si el móvil del asesinato tuviera que ver con las funciones que cumplía el occiso.
Omisión
Unos movimientos administrativos que se hicieron en la Policía cuatro meses después del hallazgo del cuerpo de Rojas también orientan hacia la pista del despiste.
A principios de febrero, Ángel Agüero fue reemplazado como Jefe de Policía por Ulises Córdoba. En abril, Córdoba ordenó remover a Rodríguez y otros jerarcas de la División de Homicidios e iniciarles sumarios por su desempeño en la Causa Rojas.
Rodríguez fue trasladado a la Dirección General de Criminalística, el subcomisario Pacheco a la División Investigaciones y la oficial subinspectora Cocca a la Dirección de Comunicaciones.
Rodríguez fue destinado posteriormente a Ancasti.
No se han tenido noticias sobre el desarrollo y eventual desenlace de las investigaciones sobre la conducta de los policías ese fatídico 4 de diciembre, asignadas a la División de Asuntos Internos.
A diferencia de lo que ocurrió con el personal judicial, ningún policía fue sometido a interrogatorio en el Jury a Palacios. Los testimonios de los involucrados fueron desistidos sin que nadie objetara, cosa que impidió a las partes indagarlos y sacarse dudas, en el caso de que las tuvieran.
Es una omisión curiosa en una saga plagada de curiosidades que incluyen los votos mostrencos por la absolución en el Jury del presidente provisorio del Senado, Oscar Vera, la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Guerrero, y los dos abogados que representan a la matrícula, carentes de referencias políticas y destinatarios sociales visibles.
Es imposible saber si existió un acuerdo para blindar a la Policía, pero de hecho fue así.
Preguntas sin respuesta
Más rarezas. Fernando Rojas no identificó a Rodríguez en su testimonio ante el Jury, sino en la marcha.
Solo El Ancasti parece haber registrado el dato, que el joven deslizó entreverado entre hipótesis sobre supuestas irregularidades en Desarrollo Social que su padre se negaba a avalar, ataques al sindicalista Luis Barrionuevo y recriminaciones al fiscal Costilla, quien se resiste a desvincularlo de la causa.
Natalia Rojas, de todos modos, ya denunció en sede penal tanto a Palacios como al exjefe de Homicidios. O sea: a la Justicia y a la Policía, que está bajo la órbita del Poder Ejecutivo.
Es una convergencia acusatoria adecuada, porque lo que falló en el Caso Rojas fue el sistema. Un fiscal novato fue incapaz de coordinar el funcionamiento de un mecanismo con sus engranajes viciados.
¿Fue negligencia, incompetencia, encubrimiento deliberado o una combinación de todos estos ingredientes?
Enormes interrogante que, a seis meses del asesinato, siguen sin respuesta junto al principal: ¿Quién mató a Juan Carlos Rojas?