El kirchnerismo aprovechó que Alberto Fernández no invitó al ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, a una reunión de Lula con las organizaciones de derechos humanos, para exacerbar la interna oficialista. El entorno del ministro hizo trascender que éste, ofendido, acusó al Presidente de carecer de códigos, versión que la ministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz, ultra-albertista, respondió con una invitación a que De Pedro se retire del gabinete si se siente tan herido. El “depedrismo” habría declinado el ofrecimiento.
Mientras Tolosa Paz sopla las brasas de la pelea de consorcio, la polémica por la suspensión del 20% de los plantes Potenciar Trabajo le hace eclosión en el feudo que comparte con el secretario de Economía Social y líder del Movimiento Evita, Emilio Pérsico. La medida partió el frente de las organizaciones sociales: las oficialistas, enfiladas en la Unión de Trabajadores de la Economía Social, la respaldaron junto a Juan Grabois; las de izquierda, agrupadas en Unidad Piquetera, la repudiaron.
La lógica clientelar rige los alineamientos en el año electoral. En el proceso de regularización de la asistencia social concesionada por el Estado, las burocracias oficialistas quedan inmejorablemente posicionadas para capturar beneficiarios de Unidad Piquetera, que no integra el funcionariato.
El litigio se proyecta sobre la interna del fragmentado Frente de Todos. Coordinada por Pérsico, la Unión de Trabajadores de la Economía Social es sostén de las pretensiones reeleccionistas de Fernández. Por ahora, al menos: uno de los elementos más salientes de las transformaciones que experimentó el ecosistema político en la última década es el alto grado de autonomía logrado por las organizaciones sociales gracias al control de los programas de asistencialismo, fenómeno simultáneo a la degradación de los indicadores sociales.
Se trata de una nueva corporación que exige su espacio, como el que Perón les dio a los sindicatos en los ’40. Y como el sindicalismo tradicional, se divide entre los ortodoxos leales a la conducción y los rebeldes.
Ayer Eduardo Belliboni, capitán del Polo Obrero y referente de Unidad Piquetera, denunció que la suspensión de los Potenciar Trabajo y el congelamiento de los planes es en realidad una maniobra para financiar los movimientos sociales afines al Gobierno. Lo que Desarrollo Social deja de pagar a los beneficiarios de los programas sociales, aseguró, se deriva a las cooperativas de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular.
Los convenios entre Desarrollo Social y las Unidades de Gestión, dijo, son “autorizadas a dedo”. La mayoría de los beneficiarios son las cooperativas “que pertenecen al Movimiento Evita y Barrios de Pie”. Belliboni sumó a la lista a “los municipios oficialistas, que también son Unidades Ejecutoras y suelen y utilizar los planes sociales como mano de obra barata y para las campañas electorales”. Organizaciones sociales e intendentes: no es poco para mantener las expectativas del devaluado “albertismo”, que sigue conteniendo gobernadores a fuerza de giros del Tesoro nacional y promesas de inversión en obras públicas.
Según Belliboni, en una reunión Pérsico justificó la baja de los Potenciar Trabajo “diciendo que la plata que van a dejar de percibir la gente más pobre, no va a ir para pagar al FMI como decimos nosotros, sino que va a ir a parar a las Unidades de Gestión”.
“Es decir, a ellos. Guita que va a ir a parar a él, porque la mayoría de las Unidades de Gestión que reciben plata para comprar herramientas, son de ellos: el Movimiento Evita, Barrios de Pie. Las nuestras no salen nunca. Éste es un aprovechamiento de la gente de las organizaciones que están vinculadas al gobierno justamente en un año electoral como éste”, dijo.
