Jujuy. En la provincia norteña, como en la mayoría de las provincias, crece la protesta social.
Mientras el Gobierno nacional despliega en el exterior una narrativa optimista sobre el rumbo económico, en la economía cotidiana persisten señales de tensión que invitan a una mirada más cauta. En la reciente presentación ante inversores durante la llamada “Argentina Week” de Nueva York, funcionarios nacionales insistieron en que el programa económico comienza a dar resultados visibles. Esa idea también fue reforzada por el presidente Javier Milei en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, cuando afirmó que “la malaria se terminó”.
Sin embargo, la escena que muestran muchos sectores productivos dista de ese clima de recuperación. Más allá de algunos indicadores macroeconómicos que comienzan a ordenarse, la economía real atraviesa un proceso de ajuste profundo que sigue golpeando a distintos actores del entramado productivo.
Entre los sectores más expuestos aparecen, en primer lugar, las pequeñas y medianas empresas, particularmente las industriales. Un informe difundido esta semana por la consultora Analytica expresa que el 4% de los préstamos bancarios otorgados a pymes se encuentra en situación irregular. La cifra es, en términos comparativos, inferior a la morosidad que registran los créditos destinados a familias. Pero el impacto económico de ese fenómeno es mucho más delicado.
Es que las empresas forman parte de cadenas productivas complejas, en la medida en que deben pagar salarios, cancelar compromisos con proveedores o sostener vínculos comerciales con otras firmas, por ejemplo. Cuando una de ellas entra en crisis, el efecto se expande rápidamente hacia su entorno. Por eso, incluso niveles no tan altos como los familiares de irregularidad crediticia en el sector empresario pueden anticipar tensiones mayores en el tejido productivo.
Gobernadores e intendentes quedan expuestos a las consecuencias políticas y sociales de una restricción financiera que tiene su origen en el modelo nacional. Gobernadores e intendentes quedan expuestos a las consecuencias políticas y sociales de una restricción financiera que tiene su origen en el modelo nacional.
Las pymes industriales, en particular, enfrentan un escenario exigente. La retracción del consumo interno, el elevado costo del financiamiento, la apertura de importaciones y las dificultades para recomponer la actividad después del fuerte ajuste de los últimos meses reducen los márgenes de muchas empresas, que hoy operan en un equilibrio cada vez más frágil.
El otro frente que comienza a mostrar signos de deterioro es el de las finanzas provinciales. La recaudación nacional registró en febrero una caída interanual del 9,5%, lo que se tradujo en una pérdida cercana a los 500 mil millones de pesos para las provincias en apenas un mes. A ese retroceso se suma la disminución de las transferencias no automáticas desde Nación. La asfixia financiera de las provincias se transfiere a los municipios. La combinación de menos recursos y mayores demandas sociales comienza a reflejarse en distintos conflictos que ya se observan en varias jurisdicciones del país.
En Catamarca el clima todavía no alcanzó niveles de confrontación como los que se registran en otras provincias, pero también aquí empiezan a percibirse señales de malestar vinculadas con la escasez de recursos y las dificultades para atender demandas crecientes.
En ese escenario, gobernadores e intendentes quedan expuestos a las consecuencias políticas y sociales de una restricción financiera que tiene su origen en la dinámica macroeconómica nacional. La reducción de los ingresos limita su capacidad para sostener servicios públicos, financiar obra pública o responder a reclamos salariales del sector estatal.
El problema adquiere una dimensión mayor si se observa una tendencia en la que las provincias acumulan siete meses consecutivos de caída en sus ingresos. Por eso, mientras el discurso oficial insiste en subrayar los logros del programa económico, en distintos rincones de la economía real comienzan a aparecer señales que aconsejan prudencia. El deterioro de las pymes y el debilitamiento de las finanzas provinciales no son fenómenos aislados. Si se profundizan, pueden convertirse en factores capaces de amplificar las dificultades del conjunto de la economía. La malaria está lejos de terminarse.
