jueves 18 de abril de 2024
Editorial

La legitimación de los discursos de odio

Los discursos de odio, se sabe desde hace muchos años, han encontrado en las redes sociales un vehículo a través del cual circulan con comodidad. Las regulaciones internas de las propias redes sociales son arbitrarias como el algoritmo: censuran algunas publicaciones y otras reportadas por sus mensajes de apoyo a dictadores, que desean la muerte de adversarios o que festejan delitos gravísimos, como un intento de magnicidio, o que promueven el negacionismo de genocidios probados exhaustivamente por la Justicia, permanecen intactas.

Diversos gobiernos, en todo el mundo y también en la Argentina, han sido acusados de rentar ejércitos de trolls para impulsar estos mensajes cargados de agresividad y dirigidos siempre a personalidades que se oponen a las políticas oficiales. Acusaron de tales operaciones a Mauricio Macri, cuando ejerció la presidencia entre 2015 y 2019, y acusan de lo mismo ahora a la gestión libertaria.

Lo que ha cambiado sustancialmente en la Argentina de 2024 respecto de lo que ocurría antes es que ahora son los propios funcionarios o dirigentes políticos los que inciden desde las redes sociales para amplificar esos mensajes o incluso para producirlos y diseminarlos.

El presidente de la Nación ha encontrado en la red social X (antes Twitter) una base de operaciones para difundir sus mensajes, que añaden, a su postura ideológica, insultos y descalificaciones hacia los adversarios políticos, o a personas de cualquier ámbito de la vida pública que no piensan exactamente como él. La lista de ataques y peleas en las que se ha visto involucrado en los últimos meses es tan larga como conocida, lo que torna innecesaria su mención.

Los denuestos graves ejercidos desde lo más alto del poder, por redes sociales pero también a través de alocuciones públicas o declaraciones en entrevistas periodísticas, actúan como una tácita legitimación de los discursos de odio. ¿Si quienes ejercen la más alta investidura institucional de la Argentina injurian sin arrepentimientos ni retractaciones, por qué no habrían de hacerlo personas comunes y corrientes, que no tienen ese tipo de responsabilidades políticas?

No se registran demasiados antecedentes, por ejemplo, de personas que festejen despidos y que se burlen públicamente –las redes sociales son públicas aunque administradas por empresas privadas- de sus víctimas. Y que, además de burlarse, les atribuyan comportamientos que no se merecen. En Catamarca nos conocemos todos y sabemos que la inmensa mayoría de los estatales despedidos no eran ñoquis porque cumplían sus funciones y mucho menos “corruptos”, un calificativo que se utiliza de un una forma desmedida e injusta para justificar medidas políticas crueles.

La nueva grieta que se ha generado en el país entre mileístas y antimileístas está atravesada peligrosamente por un nivel de violencia que amenaza con saltar de lo meramente discursivo a otras formas más graves. Éste es el momento de ponerle un poco de racionalidad al debate público en la Argentina.

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