martes 10 de mayo de 2022

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a El Ancasti. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
El Mirador Político

La larga pelea por la licencia social

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a El Ancasti. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
8 de mayo de 2022 - 01:10

Las refriegas entre policías y ambientalistas que sacudieron Andalgalá se inscriben en una disputa por la licencia social de la actividad minera que permanece larvada hasta que algún indicio de avances en el proyecto Agua Rica lo activa.

¿Cómo establecer la licencia social para la minería y específicamente para Agua Rica? Es un desafío al que ni el Gobierno ni los antimineros consiguen superar desde que Andalgalá ardió en una revuelta el 15 de febrero de 2010 luego del despeje de un piquete que obstruía el paso hacia la zona en que la empresa pretendía comenzar a desarrollar trabajos preliminares.

El corte había sido montado después de que un grupo de vecinos de Andalgalá presentara una acción de amparo en contra del Gobierno de la Provincia y el Municipio para que se suspendiera toda actividad porque la Secretaría de Minería había aprobado de forma condicionada el informe de impacto ambiental de la empresa y que esto era ilegal "porque ni la legislación nacional ni la provincial admiten que se apruebe un emprendimiento bajo la condición de que la empresa minera, en forma previa a iniciar los trabajos, subsane las objeciones y observaciones formuladas por la misma provincia".

Este vicio de origen fue refrendado en marzo de 2016 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ordenó realizar el trámite nuevamente.

En septiembre de ese mismo año, el Concejo Deliberante de Andalgalá sancionó por unanimidad una ordenanza prohibiendo la minería a cielo abierto en toda la cuenca del río Andalgalá. La Corte de Justicia provincial la declaró inconstitucional en diciembre de 2020, pero la Municipalidad fue en queja a la Suprema Corte y sigue considerándola válida.

La cronología judicial orienta sobre la naturaleza del conflicto, que no es jurídica. Los vecinos andalgalenses consiguieron demostrar que la minera y el Gobierno provincial, por entonces a cargo del radical Eduardo Brizuela del Moral, habían perpetrado una estafa a la confianza social fraguando nada menos que un informe de impacto ambiental trucho. Para esto, habían contado con la anuencia del entonces intendente José Perea, miembro del peronismo y principal beneficiario de la regalías provenientes de Bajo La Alumbrera, por cuya administración fue blanco de procesos penales.

El enrevesado historial administrativo y judicial fue abono para profundizar el arraigo de la antiminería en el distrito. La adulteración del informe de impacto ambiental produjo un escepticismo de ardua reversión.

Diálogo condicionado

Los dos últimos intendentes de Andalgalá, sucesores de Perea, provienen de la militancia antiminera.

Alejandro Páez asumió en 2011 en representación del FCS e incorporado al radicalismo tras pasar por el partido que orientaba el extinto Fernando “Pino” Solanas, enfático objetor de la minería a cielo abierto y creador del documental “Tierra sublevada: Oro impuro”, con eje en Bajo La Alumbrera. Es diputado provincial y fue nada menos que presidente de la UCR.

Eduardo Córdoba, asumido en diciembre de 2019, también es radical y proviene de la militancia ambientalista.

Tras los últimos incidentes, Córdoba explicó mejor su posición. Luego de una reunión con los diputados de Juntos por el Cambio, dijo que el problema en Andalgalá no es la antiminería, sino que el Gobierno no ofrece garantías ambientales suficientes.

“No estamos en contra del progreso y del trabajo”, aclaró, y señaló que con los trabajadores de la firma Minera Agua Rica-Alumbrera y los proveedores mineros coincidió en que “cuidar el agua y evitar un desastre ambiental en el futuro es prioridad de todos los andalgalenses, y que el Gobierno no nos brinda las garantías ambientales”.

Expresó sus reservas sobre las reformas al Código Minero, pero no dijo en qué consistirían tales garantías ni cuáles son los extremos que el Gobierno debería reunir para satisfacerlas.

Sus expresiones, no obstante, parecen dejar abierta la vía del diálogo para llegar a un acuerdo, pero la pretensión es que el gobernador Raúl Jalil se traslade a Andalgalá para llevarlo adelante, en medio de un clima hostil. Es llamativo, aparte, que si está tan interesado en preservar la paz social no se entrevistara con el mandatario además de con los diputados de su facción política.

Tantas condiciones interpuestas al diálogo le permiten a Córdoba eludir una responsabilidad primaria y elemental. En calidad de intendente, le cabe a él en primer término la obligación de procurar achicar la fractura que divide a la sociedad que encabeza y cuyos intereses representa, en la que la intensidad de la antiminería se enfrenta a miles de andalgalenses que cifran expectativas de progreso personal y colectivo en la actividad.

Perjuicios de Livent

Al Gobierno, por su parte, le toca neutralizar la desconfianza que sembró el informe de impacto ambiental trucho confeccionado precisamente para Agua Rica. Saldar ese pecado original, sin embargo, excede la especificidad del emprendimiento andalgalense para extenderse a toda la política minera, que ancla en estos momentos en la explotación del litio.

Nada más perjudicial en tal sentido que sospechas de nuevos fraudes como las que se extienden sobre la multinacional Livent, litífera decana que trabaja en el Salar del Hombre Muerto.

En agosto del año pasado, alegó no haber reunido las utilidades suficientes para poner en el fideicomiso minero debido a la pandemia y el Gobierno tuvo que solventarla con unos 200 millones de pesos para pagar las certificaciones de los dos puentes que inauguró hace unos días en Villa Vil, Belén, sobre los ríos El Bolsón y Cura Quebrada.

El subsidio llamó la atención, porque a nivel internacional Livent había registrado ganancias por encima del 100 % en los años 2020 y lo que iba de 2021 por la venta de “carbonato grado batería” a 13 mil dólares la tonelada, consolidándose como la segunda productora más grande el mundo.

Adicionalmente, el precio internacional se había disparado más del 400% en un año: de 7.300 dólares promedio en 2020 a más de 28 mil a fines de 2021.

La presunción es que Livent podría haber incurrido en subfacturaciones de su producción para vendérsela a precio menor al del mercado a su casa matriz, maniobra que claramente habría perjudicado al fisco catamarqueño.

La Agencia Recaudadora está haciendo las auditorías pertinentes y el diputado radical Alfredo Marchioli pidió a la AFIP que investigue una posible evasión.

En el debate por los convenios celebrados entre el Gobierno y las litíferas Galaxy y Liex, Marchioli se refirió a un informe de la CEPAL sobre la renta del litio, según el cual el precio de las exportaciones del mineral de la Argentina es en promedio un 58% inferior al del mercado.

“Ello lleva a concluir que los precios de transferencia que fijan las empresas en sus ventas a partes relacionadas (empresas socias) juegan un rol importante en las utilidades y los impuestos que pagan en cada jurisdicción", advirtió.

Terminar con estas opacidades es central para edificar una licencia social sólida para la minería.

Seguí leyendo
LO QUE SE LEE AHORA
adhemar: no se pudieron abrir las cuentas y analizan un traslado

Te Puede Interesar