Fraude vinculado a supuestos contactos en la Vivienda
La Justicia ya investiga tres denuncias similares a la del IPV
Se hicieron durante la feria, con maniobras en las que pedían dinero para entrar a listados. Hubo una ampliación.
Luego de la denuncia que realizó esta semana el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), por supuestas estafas perpetradas por un sujeto que aparentemente se hacía pasar por un funcionario del organismo para pedir sumas de dinero a cambio de incluir a posibles beneficiarios en las listas de adjudicatarios de viviendas o soluciones habitacionales a punto de ser entregadas, se conoció que durante la feria judicial tres personas particulares habían denunciado maniobras similares. Ayer, una secretaria del organismo amplió la presentación, ya que su nombre aparecía mencionado en algunos audios. Todo lo investiga la fiscal de instrucción nº1, Yesica Miranda, quien ordenó medidas de rigor.
El martes, la denuncia fue realizada por el director de Adjudicaciones y Control de Viviendas del IPV, Mauricio Varela. El denunciado está identificado como Juan Martín Acuña, quien cobraba entre 450.000 y un millón de pesos para supuestamente facilitar la adjudicación de viviendas a personas que ni siquiera estaban en los listados del IPV como posibles beneficiarios. Varela denunció que este hombre se hacía pasar por él con perfiles falsos.
Ayer, se presentó de manera espontánea la secretaria de Varela, Natalia Herrera, quien advirtió que su nombre aparecía mencionado por el principal imputado en audios y comunicaciones incorporadas al expediente. En esas conversaciones, el acusado aludiría a supuestos vínculos con autoridades del organismo para dar sustento a los ofrecimientos que realizaba.
Estas actuaciones están en manos de la fiscal Miranda, quien tomó el control de la investigación que inicialmente había llegado al fiscal Facundo Barros Jorrat. Miranda centralizó todas las causas, ya que durante la feria judicial de enero otros tres ciudadanos particulares habían denunciado maniobras similares: personas que se hacían pasar por funcionarios del IPV o alegaban supuestos vínculos que les permitían facilitar el acceso a personas a integrar los listados de beneficiarios de viviendas, a cambio de sumas de dinero.
