La medida fue solicitada por la abogada querellante Marcela González y en pocas horas el juez de Familia, Adet Caldelari, ordenó la restitución.
A pocas horas de conmemorarse el Día de la Madre, las tres niñas que Milagros Vázquez (23) tuvo con quien fuera su pareja y asesino, recuperaron la casa donde los cinco vivieron hasta que ocurrió el crimen, el 13 de julio, en el departamento La Paz.
El sospechoso es Juan Carlos Aguilar (53), actualmente detenido con prisión preventiva en el penal de Miraflores, imputado por “homicidio doblemente calificado por mediar relación de pareja y femicidio, en concurso ideal y en calidad de autor”.
Luego del femicidio las niñas quedaron a cuidado de su abuela, quien las llevó a vivir con ella y otros integrantes de su grupo familiar totalizando 11 personas -siete menores de edad y cuatro adultos-, en una casa de dos habitaciones, con hacinamiento y carencias de todo tipo.
Si bien en ese edificio habían vivido los cinco, otros hijos que Aguilar tuvo en una relación anterior le impidieron el acceso a los sobrevivientes y con ello, recuperar documentos personales, ropa y hasta libretas sanitarias.
En este contexto, la abogada que representa los intereses de los Vázquez, Marcela González, solicitó al juez en lo Civil, Comercial y de Familia de Recreo, Fernando Adet Caldelari, que intervenga para que se les permita el acceso y así recuperar los elementos. El juez resolvió rápidamente y el lunes 14 de octubre ordenó que con la fuerza policial se lleve a cabo el ingreso a la casa y la entrega de los bienes, lo que se llevó a cabo ese mismo día.
En cuanto a la restitución de la vivienda, el 16 de octubre la abogada hizo la presentación apuntando a la obligación del Estado de proteger el interés de los niños, y pidió autorización para que las niñas vivan allí junto a su abuela, madre de Milagros y expareja de Aguilar.
Ante el requerimiento y la presunción de que familiares de Aguilar intentaban vender el inmueble para cubrir gastos de la defensa de su padre, al día siguiente el juez hizo lugar al planteo de la abogada y se dio intervención a la Policía para que resguarde el lugar.
Posteriormente y en base a la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem Do Para) y otra doctrina, Adet Caldelari apuntó a la necesidad de realizar una amplia "interpretación y aplicación que proteja el derecho a la vivienda (de la abuela), quien fue víctima de violencia de género (Aguilar estuvo preso por golpearla), situación que se vio obligada a vivir tratando mínimamente de recomponer la afectación padecida por ella durante tantos años, con perspectiva de género".
También hizo referencia a que la abuela fue pareja de Aguilar, que las niñas tenían domicilio legal en esa vivienda y a la situación económica, de salud y de extrema vulnerabilidad que atraviesan. Desde la querella aseguraron que “la medida es ejemplar y quizá también sea histórica por su alcance y perspectiva".
Se pudo conocer que la familia recuperó una heladera, una cocina que no funciona, que desde el Ministerio de Desarrollo Social se les entregó dos camas y que recibieron donación de prendas de vestir, colchones y otros elementos.
También se supo que solicitarán autorización para vender un caballo peruano que Aguilar había comprado para salir los fines de semana y así poder cubrir los gastos de instalación de un baño.
Al cierre de esta edición, se informó que las instalaciones ya estaban ocupadas por sus nuevos ocupantes, por orden judicial.
