La Justicia ordenó al Gobierno cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario
Consideraron "poco serios" los argumentos del gobierno para no cumplir con la ley. El fallo advierte que el incumplimiento del Ejecutivo afecta el derecho a enseñar y aprender.
1 de abril de 2026 - 00:50
La Cámara en lo Contencioso y Administrativo Federal dictó un fallo clave que obliga al Gobierno nacional a dar cumplimiento efectivo a la Ley de Financiamiento Universitario (N° 27.795). La sentencia ratifica que el Poder Ejecutivo debe actualizar de manera inmediata los salarios del personal docente y no docente, las partidas destinadas a becas estudiantiles y el financiamiento de los programas de investigación científica, dejando sin efecto la estrategia de parálisis presupuestaria que el oficialismo mantenía sobre la norma.
El tribunal, integrado por los magistrados Sergio Fernández y Jorge Morán, hizo lugar a la demanda impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y diversas casas de estudio. En sus fundamentos, la Cámara recordó que la ley fue aprobada por el Congreso y confirmada por dos tercios de los votos de ambas cámaras tras la observación total (veto) interpuesta originalmente por el Poder Ejecutivo. El fallo subraya que, una vez superada la instancia del veto, la norma posee plena vigencia y su cumplimiento no es discrecional para la administración central.
El eje de la discusión jurídica se centró en la validez de la "pausa" presupuestaria impuesta por la Casa Rosada. Al promulgar la norma, el Gobierno había suspendido su aplicación práctica alegando que colisionaba con la Ley de Administración Financiera. Sin embargo, los camaristas invalidaron este razonamiento con una pregunta técnica central: ¿Puede el Ejecutivo sostener que la aplicación de una ley reciente se encuentra suspendida con sustento en una ley anterior? Para los jueces Fernández y Morán, la respuesta es negativa.
El fallo sostiene que la Ley de Administración Financiera no posee una jerarquía superior al resto de las leyes dictadas por el Congreso. Por lo tanto, una norma general previa no puede ser utilizada por el Ejecutivo para anular una ley específica y posterior que ordena una asignación de recursos determinada. El tribunal remarcó que el principio de juridicidad obliga al Estado a respetar las decisiones del Poder Legislativo sin interpretaciones que vacíen de contenido las leyes vigentes.
Derecho a la educación
Tras el análisis de las pruebas, la Cámara confirmó que el incumplimiento del financiamiento no representa un ahorro fiscal legítimo, sino una vulneración de derechos constitucionales. Los magistrados validaron lo expuesto en primera instancia por el juez Martín Cormick, señalando que "no se observa una afectación al interés público" por cumplir con la ley. Por el contrario, la sentencia afirma que "la falta de cumplimiento de la ley afecta el derecho a enseñar y aprender", pilares fundamentales del sistema democrático.
El conflicto se remonta a 2024, cuando la Ley de Financiamiento Universitario fue diseñada para garantizar la actualización automática de los presupuestos por inflación. A pesar de que el Congreso rechazó el veto presidencial de Javier Milei, el Gobierno nacional optó por una "promulgación sin recursos", argumentando que la norma no especificaba las fuentes de financiamiento y que su aplicación pondría en riesgo el equilibrio fiscal.
