Los primeros dos fiscales que investigaron fueron citados a declarar porque cambiaron la causa de desaparición a captación.
La jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, rechazó la pretensión del Gobierno de Corrientes de ser parte de la investigación por la sustracción de Loan Danilo Peña (5), hecho que ocurrió el 13 de junio en el paraje Algarrobal, en 9 de Julio. Sin embargo, hizo lugar a las medidas de prueba que desde la Provincia habían propuesto el fin de semana.
Pozzer Penzo destacó que el Estado correntino puede “aportar los elementos probatorios que estime útiles y pertinentes para esclarecer el hecho, como la localización del menor Loan Peña, o sus autores, cómplices e instigadores/as”.
Para la magistrada, las medidas de protección de los menores en esta causa “están cubiertas con los órganos predispuestos para ello según sus roles: asesores de menores, jueces de Familia como las propias autoridades del caso". Y siguió: "En el proceso contamos con dos querellantes (padre, madre y hermanos del menor)”, destacando la participación de la defensora de menores Rosana Mariani.
En su escrito, la jueza explicó que “los argumentos en los que se sustenta la pretensión del Gobierno de la Provincia de Corrientes, a mi entender en base a la normativa aplicable, jurisprudencia y doctrina citada brevemente, no resultan atendibles pues de modo alguno acreditan el carácter de particular ofendido aun en un concepto amplio del término, siendo en consecuencia procedente no hacer lugar a la solicitud” de convertirse en querellantes, lo cual les hubiera permitido tener total acceso al expediente.
El planteo del Gobierno se conoció un mes después de la operación por la cual se buscó instalar la hipótesis de que Loan murió en un accidente de tránsito en el camino vecinal que conduce a la casa de su abuela.
A instancias del abogado José Fernández Codazzi, muy cercano al poder político provincial, Laudelina Peña denunció que presenció el momento en que la camioneta del capitán de navío Carlos Pérez y su esposa, la funcionaria municipal y empleada provincial María Victoria Caillava, atropellaron al nene pero que no lo denunció porque fue víctima de amenazas. Una semana después, ante la Justicia Federal, se retractó y acusó a Fernández Codazzi de sobornarla y presionarla para hacer esa denuncia.
Si bien la jueza Pozzer Penzo rechazó la pretensión del Gobierno de Corrientes, sí aceptó una serie de diligencias de prueba que propuso, entre ellas que el Ministerio de Seguridad de la provincia informe sobre las medidas que tomó junto con la Policía de Corrientes mientras tuvieron a su cargo la investigación de la desaparición de Loan.
Además, Pozzer Penzo pidió la remisión del registro de llamadas de todas las personas que participaron del almuerzo ese 13 de junio en la casa de Catalina Peña (86), la abuela del chico. Según detallaron los funcionarios provinciales, cuentan con datos desde ese día y hasta el 24 de junio, cuando se declaró la incompetencia del fuero ordinario.
Por su parte, el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes deberá informar si restan pericias bioquímicas de las realizadas por la Dirección Científica y de la Policía de la Provincia de las que da cuenta Fiscalía de Estado de Corrientes, como remitidas al Instituto Médico Forense el 18 de junio.
También pidió el Juzgado Federal de Goya que el Ministerio de Seguridad remita el sumario administrativo que se le había iniciado al comisario Walter Maciel antes del hecho. La resolución señala que a pedido de los fiscales federales también fueron citados los fiscales ordinarios de Goya, Juan Carlos Castillo y Guillermo Barry, “para que depongan sobre los fundamentos del criterio que permitió el cambio de calificación del ilícito de la ‘desaparición’ a la ‘captación’”, después de 8 días de búsqueda. En ese sentido, dijeron que ya se remitió el pedido al fiscal general, Pedro César Sotelo.
Pozzer Penzo trabaja sobre la hipótesis de la imputación, que es la sustracción y ocultamiento del menor, presuntamente con fines de trata.n
