La inercia del cuesta abajo

Es un tema polémico, en el que habría que contemplar también eventuales fricciones con lo establecido en Constitución Nacional, pero intenta penetrar en la sacralización de prerrogativas del Poder Judicial que se suponen incuestionables.

¿Por qué jueces y fiscales están exentos de dar cuenta de las decisiones que toman?

Lo ocurrido con el homicidio del ministro de Desarrollo Social Juan Carlos Rojas, de cuya investigación fue apartado el fiscal Laureano Palacios, marca la conveniencia de plantear el debate.

Los pliegos de Palacios como Fiscal de Instrucción Nº 2 fueron girados a la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado el 14 de julio, junto a otros 13 entre los que estaban los de Lucas Vaccaroni, el juez de Garantías que le anuló de oficio la orden de detención de Silvina Nieva, única sospechosa por el crimen de Rojas. Ambos fueron aprobados dos semanas después por unanimidad.

Palacios, ayuno de experiencia judicial, había sido propuesto por el Gobierno luego de que quedara desierto el concurso por su puesto. Vaccaroni, en cambio, había ganado el concurso y se desempeñaba en la Justicia Federal.

Ambos prestaron juramento juntos el 21 de septiembre en el Salón San Marín de la Corte de Justicia.

Al informar la aprobación de los pliegos de Palacios, el senador Augusto Ojeda destacó que tanto la Corte de Justicia como el Colegio de Abogados habían dado el visto bueno y que no se habían presentado impugnaciones en su contra. Respaldo corporativo sin fisuras sellado por la ausencia de objeciones.

A nadie se le ocurrió que la experiencia podía ser un valor importante a considerar, más aún cuando el candidato no había atravesado el filtro del concurso en la Comisión Evaluadora.

Este déficit saltó de la peor forma, en la investigación del asesinato de un ministro mal instruida desde el principio con la necesidad de practicar dos autopsias para corroborar la muerte violenta, Luis Barrionuevo desacreditando la versión de las causas naturales, mediante.

Apartar a Palacios de la causa es el reflejo de autoconservación de un Poder Judicial con el prestigio por el subsuelo. Casi dos semanas después del hallazgo del cuerpo, tras un papelón procedimental de antología, con pericias todavía pendientes y la credibilidad de la pesquisa minada por sospechas razonables: una mujer estuvo presa una semana y no se sabe por qué debido al secreto de sumario.

Si el apartamiento es suficiente para enderezar el caso está por verse. Lo que está claro es que urgen remedios institucionales para revertir la degradación de la Justicia. Remedios de fondo, no los parches que se aplican cada vez que emerge un escándalo, para salir del paso y continuar la inercia el cuesta abajo.