Reunión tensa. La ministra de educación, Andrea Centurión (der.), habla con dos sindicalistas de UDA.
Como si se tratara de una novela sin fin, el ciclo lectivo 2022 comenzará otra vez con el inveterado conflicto docente. La Intersindical del sector había anunciado un paro de 72 horas a partir del miércoles 2, fecha establecida en el cronograma nacional para el inicio de las clases, pero el Gobierno apeló a la primera carta que suele usar en estos casos: la conciliación obligatoria. Y de este modo, el jueves 3 las partes se sentarán a negociar en la Dirección de Inspección Laboral y ya no en la mesa grande de los ministerios de Educación, Hacienda y Planificación, como fue hasta ahora.
Pero en esta ocasión, a diferencia de otros años, el apuro del Gobierno por asegurar el “normal” comienzo de las clases se debe que a que nuevamente vendrá a Catamarca el presidente Alberto Fernández, que decidió hacer en esta provincia y en La Rioja el acto central de inicio del ciclo lectivo en todo el país. Mala nota se iba a llevar la administración Raúl Jalil si esta fecha estaba signada por un paro general de los docentes.
Además, este ciclo lectivo tiene un valor adicional: será el primero, después de dos años de pandemia, en el que las escuelas retomarán la actividad presencial plena, aunque, por cierto, con un protocolo sanitario que incluye la obligatoriedad del uso del barbijo en los alumnos y prevé un sistema de alternancia entre lo presencial y lo virtual en caso de que hubiera un brote de Covid-19.
Con todo, hay cuestiones que, increíblemente, no terminan de ser resueltas por la Provincia pese al tiempo más que suficiente que tuvo en estos años de virtualidad y presencialidad a medias. La más importante de todas es el mal estado edilicio de un significativo lote de escuelas, tal como lo señalaron los gremios y la oposición legislativa, que se prendió de esta “agenda” coyuntural para incomodar al Gobierno y amenazar con una interpelación en la Cámara baja a la ministra de Educación, Andrea Centurión. Una pena que las sesiones ordinarias comiencen recién en mayo, cuando el dictado de clases llevaría ya dos meses en marcha.
Entre los puntos que reclaman los gremios se encuentran la indefinición en la situación de los docentes de materias especiales, en la titularización y en la cobertura de horas y cargos por fuera del Estatuto; el estado paupérrimo de algunos establecimientos; la falta de personal de servicios generales, auxiliares docentes y personal de acompañamiento a la gestión y conducción de las instituciones educativas con salarios docentes por debajo de la línea de pobreza, entre los principales.
“Hay muchos temas en el contexto educativo que no solo tienen que ver con lo salarial sino que afectan directamente a lo que es la credibilidad respecto a la estabilidad laboral. El año pasado se firmó un acuerdo de la titularización docente en todos los niveles y eso no ocurrió a la fecha. Igualmente hay otros temas pendientes”, explicó Nancy Agüero, de UDA
Hasta allí todo razonable. Si el Ministerio de Educación está en deuda con la tan meneada titularización docente, al igual que el arreglo de los edificios escolares, hay motivos suficientes para el malestar de los trabajadores del sector.
Sin embargo, los gremios insisten en poner sobre la mesa de negociación algo que es claramente innegociable por cuanto constituye una facultad exclusiva del Poder Ejecutivo. Se trata de la continuidad de la médica Analía Leiva al frente de Reconocimientos Médicos de la Provincia, quien el año pasado fue declarada “persona no grata” por la Intersindical.
Fue a raíz de la viralización de un audio en el que Leiva instruye, en términos imprudentes, podría decirse, acerca de cómo proceder con algunos docentes que solicitan licencias médicas. El tema surgió luego de que el organismo informara que ingresaban por día hasta 1.500 pedidos de licencia, justo poco después de que se decidiera volver a la presencialidad en las escuelas.
Pero además, también se supo que se había detectado una veintena de médicos que habían otorgado licencias “truchas” a docentes. Uno de ellos, según información que llegó a este diario, firmó más de 500 pedidos de licencia en un par de meses. Una maniobra digna de sospecha.
Mal que les pese a los gremios docentes, la elección de un funcionario no es algo en lo que puedan reclamar competencia.
