Falso. Lencina sabe que la inmensa mayoría de los cesanteados trabajaba efectivamente.
Sin eufemismos, el diputado provincial de La Libertad Avanza Federico Lencina propuso que la formidable reducción de empleados públicos dispuesta en los dos últimos años por el presidente Javier Milei se replique en Catamarca, haciendo “volar a la mierda los ñoquis” de la Administración Pública provincial.
Cualquiera que negase la existencia de ñoquis dentro de la estructura del Estado estaría incurriendo en una conducta hipócrita, pero también lo hace el legislador libertario al sostener que los trabajadores de la administración pública nacional que el gobierno nacional dejó sin trabajo no prestaban efectivamente ningún servicio. Eso es falso, y Lencina lo sabe perfectamente porque se supone que conoce la realidad catamarqueña y tiene conocimiento de que en nuestra provincia, y por extensión se supone que también en otras jurisdicciones del país, la inmensa mayoría de los cesanteados no solamente prestaba servicio efectivo sino que además muchos de ellos eran engranajes clave en los organismos nacionales con sede en la provincia. Esto es así al punto que las ausencias de los despedidos tienen un costo visible, particularmente en aquellos organismos que tienen como misión la implementación de programas con impacto directo en la vida de un sector de la población.
Los despidos de trabajadores estatales nacionales en Catamarca afectaron a la ANSES en San Fernando del Valle de Catamarca, Icaño, Tinogasta, Andalgalá y Saujil, entre otras localidades, cerrándose incluso las sedes de Saujil e Icaño. Los cesanteados cumplían funciones importantes.
También el Ejecutivo nacional decidió echar a agentes que desarrollaban tareas de gran impacto social en el Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, Centro de Referencia (CDR) del ex Ministerio de Desarrollo Social o la Agencia Territorial de Empleo, pero además también del ENACOM, el Correo Argentino, Vialidad Nacional, ARCA y Conicet, entre otros organismo.
Una de las estrategias gestadas por el gobierno nacional actual es apelar a la descalificación arbitraria para luego intentar justificar acciones que se adoptan en contra de los descalificados, y para tal cometido ensaya generalizaciones insostenibles, como por ejemplo que “todos los trabajadores estatales son ñoquis”. Entonces, las cesantías tenderían, según este sofisma, a corregir una distorsión. En rigor, el ajuste en el Estado no se ejecuta por razones de eficiencia o moralidad, sino que tienn como único objetivo el ahorro de recursos fiscales, no importa si en el camino quedan mutiladas por la motosierra, en su economía, su proyección social y hasta en su dignidad, decenas de miles de familias.
Lencina, o cualquiera que con motivos fundados cuestione la existencia de ñoquis, debería en todo caso exhortar a que se abandonen las prácticas clientelistas en las que caen todas las fuerzas políticas, incluida La Libertad Avanza, una de las cuales es el nombramiento en la planta estatal de personas –parientes, amigos, allegados, punteros políticos- que después no cumplen función alguna. Pero no es eso lo que viene haciendo con su motosierra Javier Milei, que tolera y hasta alienta prácticas nepóticas, de modo que la desafortunada incursión del legislador para sumar puntos a sus pretensiones políticas futuras puede agradar a algunos libertarios de pensamiento estrecho, pero no a quienes conocen que las políticas de ajuste practicadas no afectan casi nunca a la casta de acomodados con el oficialismo de turno, los verdaderos ñoquis que siempre caen bien parados, sino a trabajadores que pueden exhibir trayectorias y funciones efectivas en el sector público.
