martes 17 de enero de 2023

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El Mirador Político

La guerra del litio

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Con la declaración del litio y sus derivados como recurso estratégico, el Gobierno de La Rioja destapó la guerra que venía librándose en sordina por el control de los territorios que albergan el mineral.

El negocio no puede considerarse aún ni siquiera incipiente en La Rioja, provincia ajena a la Mesa del Litio que conformaron Jujuy, Salta, Catamarca y el Gobierno nacional. Sin embargo, el gobernador Ricardo Quintela otorgó en noviembre a la empresa canadiense Origen Resources para explorar 21 mil hectáreas en el sur riojano, en la expansión de un proyecto en el salar de Los Sapitos, en el norte de San Juan, que con esta habilitación alcanza las 47 mil hectáreas.

La empresa informó sobre un “posible cinturón de litio”, cuyo “entorno tectónico, la actividad geotérmica y la química de la salmuera son similares a las del Triángulo de Litio y dan lugar a la posibilidad de descubrir trampas estructurales para los acuíferos que contienen litio en profundidad”.

Quintela tomó nota del potencial de esta zona competidora del Triángulo del Litio. El 15 de diciembre, la Legislatura riojana suspendió por 120 días todos los permisos otorgados para la actividad y autorizó al Gobierno provincial a dictar la caducidad de los que considere “de interés”, que deberán desarrollarse con la participación de sociedad del Estado riojana Energía y Minerales.

La sanción desencadenó condenas en serie en el sector minero por los supuestos perjuicios que inferiría a la “seguridad jurídica”. Las recriminaciones incluyeron a la Unión Industrial y la Cámara de la Construcción, brazos gremiales de la “patria contratista” siempre vigilantes ante cualquier disposición que amenace las suculentas tajadas que le arrancan al presupuesto público.

Quintela respondió tajante: “Las empresas que tenían las concesiones no hicieron absolutamente nada. Por lo tanto, hicimos que caducaran todas las licencias y vuelvan a la propiedad de la Provincia. Vuelven acá y después, cuando quieran invertir, con todo gusto, pero las condiciones las va a poner La Rioja".

El Estado riojano se apodera de las áreas litíferas potencialmente productivas y se coloca en posición de asociarse en los emprendimientos con los privados en lugar de circunscribirse al rol de mero otorgador de concesiones a cambio de puestos de trabajo, cánones y regalías, que son migajas en la ecuación general.

Una analogía adecuada para lo que pretende es el modelo aplicado para la explotación del yacimiento de oro y cobre catamarqueño Bajo La Alumbrera. El Estado fue socio al 20% del proyecto en la UTE Minera Alumbrera a través de YMAD. Catamarca es socia de YMAD con el 60%, y sus ingresos por las utilidades triplicaron los de las regalías.

Carrera de captura

La aceleración en los cambios de la matriz energética, por los cuales el litio suplantaría al petróleo como insumo principal, estimula la fiebre del litio hasta el delirio. La temperatura escala.

El precio del oro blanco trepó de 7 mil a 50 mil dólares la tonelada en solo dos años. Las exportaciones argentinas en 2022 rondaron los 700 millones de dólares y la proyección es llegar a los 8.000 millones en 2030.

Hay solo dos emprendimientos en producción, uno en la puna catamarqueña y otro en Jujuy, y más de 30 en distintas etapas de exploración.

Es un negocio de proyección fabulosa. El calibre de las reacciones ante el episodio riojano marca la intensidad que ha alcanzado la competencia por capturar las áreas más prometedoras, que incluye el sondeo de regiones por fuera del triángulo tradicional de Jujuy, Salta y Catamarca. “Los Sapitos” es por el momento el único proyecto ajeno a esas coordenadas.

Otras provincias han informado sobre existencias de litio en sus territorios, aunque no en salares.

La ley Quintela blinda el patrimonio litífero riojano a las incursiones de especuladores, cualquiera sea su volumen.

En la práctica, es una expropiación que empodera al Estado riojano en un ecosistema en ebullición. Por mucho que chillen los privados pescadores de ríos revueltos.

Depuración

En Catamarca, el rol del Gobierno en el marco de esta contienda ha sido menos enérgico.

El Juzgado Electoral y de Minas registró los primeros síntomas de la fiebre del litio ya en 2018, con un incremento notorio de los trámites particulares para hacerse de pedimentos. En 2020 se reformó a legislación minera y se le quitaron a la Justicia las prerrogativas de otorgamiento y control de las licencias para adjudicárselas al Ministerio de Minería.

Luego comenzó la depuración del padrón minero, plagado de especuladores que retenían derechos sin hacer las inversiones requeridas, a la espera de la oportunidad para venderlos al mejor postor. Este procedimiento se desarrolló con discreción directamente proporcional a las alharacas con que se lo anunció.

Algunos permisos derogados permitieron adjudicar áreas a la estatal CAMYEN, que firmó en agosto un convenio con YPF para explorar una superficie de 20 mil hectáreas en Fiambalá. La petrolera y el Gobierno resaltaron que es el primer acuerdo de este tipo entre dos entidades estatales y lo celebraron como “un hito”.

Lo es, sin dudas, pero la opacidad con que se manejó la depuración y la falta de información sobre la cantidad de pedimentos recuperados para el patrimonio estatal extendió las sospechas de enjuagues espurios, lógicas en una provincia que vio licuarse la multimillonaria renta de Bajo La Alumbrera entre corruptelas, incompetencia y faraonismo estéril.

La Rioja avanzó en un apoderamiento global de sus recursos; Catamarca lo hizo en forma selectiva.

Las reservas se profundizaron con la aparición de un personaje célebre por haber justificado la corrupción como lícito “robo para la Corona”: el ex ministro de Interior José Luis Manzano.

Con la empresa Integra Capital, Manzano se convirtió el año pasado en el accionista individual más importante de la compañía Latin Resources, con el 13,4% del paquete accionario.

Latin Resources tiene siete propiedades litíferas en la zona andina catamarqueña, extendidas en unas 70.000 hectáreas. Casi el doble de lo que tiene la canadiense que trabaja en el “posible cinturón del litio” que se explora entre San Juan y La Rioja, a lo que deben sumarse otras 77 mil hectáreas en Ancasti y Vilismán.

Los derechos de Manzano y compañía no fueron afectados por la promocionada depuración catamarqueña.

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