sábado 14 de enero de 2023

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Editorial

La gran hipocresía

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Debe haber pocas leyes más incumplidas en Catamarca, ante la pasividad de un Estado que mira para otro lado y la impunidad de quienes incurren en la ilegalidad, que la denominada Ley Anti Plus. Desde la sanción de la norma, en 2018 y, su posterior reglamentación en mayo de 2019, el cobro del plus médico prácticamente se ha generalizado. Son muy pocos los honrados profesionales de la medicina que no lo cobran.

Los médicos han encontrado en este mecanismo un modo ilegal de incrementar sus ingresos. Y lo hacen a costa de trabajadores, a la mayoría de los cuales les cuesta llegar con dinero a fin de mes. La idea de justicia social que los médicos enarbolan para defender sus ingresos se agota en sus propios intereses: los bolsillos del resto parecen no importarles.

La ilegalidad del procedimiento se completa con la negativa a entregar factura por ese concepto –por cierto, no pueden hacerlo porque sería admitir la transgresión a la ley-, con lo cual cobran ese dinero extra “en negro”, evadiendo impuestos.

No hay nadie en Catamarca que no sepa de la ilegalidad que se consuma permanentemente en sanatorios y consultorios particulares: lo sabe el Gobierno, la OSEP, los colegios profesionales –que en la práctica avalan el quebrantamiento de la ley- y por supuesto lo saben los afiliados de las obras sociales que deben meter mano en su bolsillo para engrosar los ingresos de los profesionales de la medicina, ya de por sí muchísimos más gruesos que los del promedio de la población catamarqueña-. De ese modo se ha dirimido el histórico conflicto entre prestadores y OSEP: pagan los trabajadores públicos. Y, como nadie cuestiona la ilegalidad del cobro, los médicos, cebados, han comenzado también a cobrar plus a los afiliados del resto de las obras sociales, no importa si están al día o no con los pagos. Si pasa, pasa. Y pasó.

La propia ley contiene en su texto una trampa, que tan bien han explotado los que se benefician con el cobro del adicional diferenciado. La responsabilidad de la denuncia recae sobre el afiliado, quien debe ser el encargado de realizar el trámite dando origen a la investigación mediante sumario. Difícilmente un afiliado hará la denuncia. En su condición de enfermo, se encuentra en una situación de vulnerabilidad extrema que impide que denuncie a sus propios médicos, de quienes depende para sanar. Y además, carecen de una factura que pruebe el cobro del adicional.

A diferencia de otros problemas, el del plus se solucionaría muy fácilmente. Bastaría con controles de rutina de autoridad competente en sanatorios y consultorios. Pero no hay voluntad de hacerlos, claro.

En esta misma columna se han mencionado muchas veces los fracasos estruendosos de campañas lanzadas por OSEP para que la ley se cumpla. Hoy ya ni existen esos esfuerzos. Hay una gran hipocresía. Nadie dice nada. Por supuesto los médicos que embolsan el dinero ilegal, pero también los colegios profesionales (que según la norma deberían prever las sanciones para sus asociados) y el Estado, que ha desistido de defender al eslabón más débil: el afiliado que gasta a veces lo que no tiene para cuidar su salud, e incluso su vida.

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