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Editorial

La función social de la investigación científica

Hay un gran número de enfermedades que, si hubiese un fuerte financiamiento asegurado para la investigación de sus causas, podrían curarse...
23 de junio de 2023 - 01:10

Hay un gran número de enfermedades que, si hubiese un fuerte financiamiento asegurado para la investigación de sus causas, podrían curarse. Una de ellas es, según señalan los especialistas, la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad poco frecuente que afecta las neuronas motoras y cercena paulatinamente toda la actividad muscular de las extremidades, pero también aquellos músculos que facilitan el funcionamiento de los órganos vitales. Cobró mayor notoriedad en los últimos tiempos porque afecta al ex ministro de Educación y ex senador nacional Esteban Bullrich. De hecho, él, a través de la Fundación que lleva su nombre, inició una campaña de registro de personas con ELA para generar una base sólida de pacientes que padecen la enfermedad y que quieran ser voluntarios para investigación y ensayos clínicos.

Otro paciente de la enfermedad, Miguel Talento, que es profesor titular de la Universidad de Buenos Aires, abogado y dirigente político, refuerza la afirmación de que “la cura existe”, y que “hay que encontrarla a pesar de que no represente un negocio para los laboratorios”.

Se multiplican las voces que cuestionan a los laboratorios que, por un lado, no se empeñan en encontrar curas de enfermedades porque es negocio más rentable prolongar tratamientos, y por el otro generan “nuevas enfermedades” para expandir sus ganancias.

No debería ser así: los laboratorios, aunque tengan lógicamente intereses comerciales, deben subordinar sus estrategias al bien común. No solamente por razones éticas y morales, sino también porque el grueso de las investigaciones científicas vinculadas a la salud de las personas está financiado por dineros públicos. El 84% del presupuesto lo aportan los estados, y apenas el 12% los laboratorios farmacéuticos. Un ejemplo reciente es el de la creación de las distintas vacunas contra el Covid-19, financiada casi totalmente por los Estados pero luego comercializada por los laboratorios.

Existen numerosos trabajos que revelan estrategias cuestionables de la mayoría de los grandes laboratorios, que incluyen precios abusivos, inaccesibles para el grueso de la población; reducción de la investigación de enfermedades que afectan a países pobres y concentración en los problemas de salud de los sectores con mayor poder adquisitivo; lobbys a gobiernos y sectores políticos para forzar legislaciones nacionales e internacionales funcionales a sus intereses, entre otras cuestiones.

Respecto de la generación de “nuevas enfermedades”, vale remitirse a los dichos de Henry Gadsden, que fue durante la década del 70 presidente ejecutivo de una de las grandes compañías farmacéuticas. En una entrevista a una revista de negocios, dijo que la industria tenía un problema: estaban limitando su base de clientes al tratar enfermedades. La estrategia a utilizar era, entonces, poder tratar no solo a los enfermos sino también a los sanos, promoviendo el consumo de fármacos en forma generalizada a través de eficaces campañas de marketing.

Si los estados tienen función central en el financiamiento del gasto para investigación, deberían tener también mayor control sobre el destino de los fondos y mayor potestad para direccionar la inversión y garantizar su función social antes que la rentabilidad de los laboratorios.

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