El conflicto institucional en Valle Viejo sumó un nuevo capítulo ayer, cuando el abogado Sebastián Ibáñez, defensor de la intendenta Susana Zenteno (UP), presentó un escrito ante el Concejo Deliberante solicitando que se desestime y archive el pedido de juicio político que un grupo de vecinos había formulado días atrás contra la jefa comunal, con el respaldo del concejal Gerónimo Cabrera.
La presentación se fundamenta en "graves irregularidades que afectan la validez de las planillas que acompañan el pedido vecinal". El abogado sostiene que muchas firmas habrían sido adulteradas y que algunas personas habrían sido sobornadas para modificar su voluntad. "Las firmas que se acompañan a la denuncia estarían adulteradas o corresponderían a personas que niegan haber firmado. Tenemos elementos que indican que hubo pago en efectivo para modificar las voluntades expresadas inicialmente", declaró Ibáñez.
En el escrito, el letrado solicita el archivo inmediato del expediente por considerar que la denuncia no tiene consistencia ni sustento legal y advierte que podrían existir delitos penales por parte de quienes promovieron la presentación. "Quedarán a salvo las acciones penales que correspondan en caso de que se compruebe la comisión de delitos como falsificación ideológica, estafa procesal o cualquier maniobra tendiente a intentar un engaño al cuerpo colegiado", expresó en el documento.
El pedido de juicio político había sido presentado por el concejal Cabrera con la firma de un grupo de más de 1.600 vecinos, quienes cuestionaron la conducta de la intendenta tras su viaje al Caribe durante el fin de semana del 25 de mayo, cuando, según denunciaron, se habría ausentado sin dejar formalmente la delegación del mando.
El expediente fue tratado en la sesión del jueves y pasó a estudio de la Comisión de Juicio Político, donde se encuentra actualmente. En esta instancia, se evaluará si el planteo cumple los requisitos formales y si corresponde su tratamiento en el recinto. La intendenta podrá ejercer su defensa antes de cualquier dictamen.
Pedido de suspensión a concejal
En esa misma sesión, el concejal oficialista Franco Iramaín (UP) presentó un proyecto para suspender al concejal Cabrera (UCR) por supuestas inconductas, invocando el artículo 48 de la Carta Orgánica Municipal. El pedido provocó una inmediata reacción del radicalismo, cuyos diputados provinciales expresaron su respaldo a Cabrera, calificando la maniobra como un intento de desviar la atención.n
