Mientras el Juzgado Federal evalúa el pedido para detener preventivamente a Mariano Rubén Manzi -apoderado de la alianza Juntos por el Cambio-, realizado a principio de mes por una querella, su defensa desacreditó la acusación y consideró que se trata de una maniobra política.
"Este pedido resulta oportuno para los momentos políticos de la provincia y para generar estrépito social y judicial", aseguró el defensor Daniel Ortega.
Consideró que la acusación para sostener el pedido de detención está basada en "elucubraciones sin sustento fáctico". Negó que su defendido haya formado parte de una asociación ilícita y que se haya quedado con propiedades de Adhemar Bacchiani para insolventarlo en forma fraudulenta.
Negó además que el referente político haya efectuado fuertes movimientos en cuentas de monedas virtuales a través de su cuenta y consideró que "ya ante al absurdo", el abogado que pidió la detención "expresa que existe peligro de fuga porque Manzi puede esconderse, solicitar refugio o salir del país (...) para luego indicar que existe sospecha que viene entorpeciendo el accionar de la justicia".
Agregó también que "no existe un solo elemento de prueba que pueda sustentar lo manifestado por la querella”, y que siendo serios y “honrando a la justicia, tan desprestigiada en estos tiempos, debo expresar que el planteo no resiste el más mínimo análisis y debe ser rechazado".
En otra parte de su escrito, Ortega hizo hincapié en que "queda a la vista la intencionalidad maliciosa del pedido (del abogado querellante), ya que no existe elemento alguno que pueda inferir el peligro de fuga al que hace alusión en este absurdo planteo".
Por otra parte, calificó de "endeble" el pedido de imputación realizado por la Fiscalía, en base a una grabación presentada por el imputado colaborador José Blas (ladero de Bacchiani), y aseguró: "No se puede explicar qué es lo que conecta la firma de boletos (de compra venta vinculados a la escribana Joaquina Córdoba Gandini, también imputada en la causa), con la persona de Manzi (...), ya que Manzi no aparece siquiera nombrado".
Finalmente, sostuvo que el informe privado presentado como prueba por la querella sobre supuestos movimientos con criptoactivos por parte de Manzi es de dudosa procedencia.
Manzi, al igual que Córdoba Gandini, está imputado por presunta insolvencia fraudulenta.
