La Corte Suprema de Justicia aceptó ayer analizar, aunque después de la feria judicial, un pedido del Gobierno de La Rioja para que declare inconstitucional, eventualmente, el mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el presidente de la Nación, Javier Milei.
El máximo tribunal recibió en su oficina de juicios originarios la solicitud del gobernador Ricardo Quintela para que haya una declaración sobre la constitucionalidad del DNU 70/2023 presentado por Milei el pasado 20 de diciembre.
En una decisión de una sola carilla, la Corte anunció que "estudiará" el planteo luego del receso de enero. Pero mientras tanto, el expediente pasa a manos del procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, que deberá dictaminar.
Casal emitirá un dictamen sobre si la Corte es o no competente para tratar el asunto y luego si es o no constitucional el DNU. Su dictamen no es vinculante, con lo cual el tribunal puede adoptar un criterio distinto.
Junto con la acción declarativa también el Gobierno de La Rioja presentó una cautelar, con lo cual la Corte tiene la potestad de dar marcha atrás con el DNU, más allá de que se declare inconstitucional.
La feria judicial empezó pasado el mediodía de ayer y recién se retoman funciones en febrero. Sin embargo, hay otras presentaciones pidiendo la inconstitucionalidad en el fuero Contencioso Administrativo Federal y en el del Trabajo.
No obstante, esos tribunales aún no habilitaron la feria para tratar los respectivos amparos y de no hacerlo todo quedará en poder de la Corte Suprema de Justicia.
Ayer, Quintela pidió a la Corte Suprema una acción declarativa de certeza en torno a la constitucionalidad del DNU 70/2023 firmado por Milei y que generó en los últimos días la presentación de amparos judiciales en busca de frenar su puesta en vigencia.
"En el día de la fecha instruí a los abogados Raúl Zaffaroni y Raúl Gustavo Ferreyra para que formalicen ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación una acción declarativa de certeza en la que se reclama la declaración de inconstitucionalidad del decreto por razones de necesidad y urgencia N° 70/2023 que produce perjuicios irreparables a la ciudadanía", anunció el gobernador riojano en sus redes sociales.
Quintela dijo que también se pidió una medida cautelar que suspenda los efectos del DNU y que ordene al Poder Ejecutivo de la Nación no aplicar ninguna de las disposiciones de la norma hasta la resolución definitiva de la causa.
“La Corte aceptó que la Provincia (de La Rioja) es parte. El reconocimiento de esto implica que hay legitimación para discutir constitucionalmente”, señaló Ferreyra, uno de los firmantes de este pedido presentado ante el máximo tribunal.
En ese sentido, el catedrático de derechos constitucional sostuvo que “la competencia originaria, la competencia jurisdiccional más importante de Argentina, que es amplia para la discusión federal, se abrió. Ahora, el Estado debe responder a la demanda de inconstitucionalidad”.
Los conflictos entre las provincias, en este caso La Rioja, y el Estado Nacional, son instancias de intervención directa del máximo tribunal, como lo son los litigios entre provincias o con otros Estados.
Mientras el pedido de amparo ingresaba en la Corte, Quintela señalaba en su cuenta de la red social X que "con la vigencia del DNU 70/2023 se lesiona gravemente el federalismo, la institucionalidad de nuestra república y se coloca en un estado de vulnerabilidad al conjunto de la sociedad argentina en sus derechos laborales, sociales, económicos y culturales".
