Luego de la polémica, el Tribunal de Enjuiciamiento dio a conocer los fundamentos del fallo con el que, por mayoría, absolvió al fiscal Laureano Palacios. El funcionario judicial, que no estuvo en la jornada por estar en audiencia, era juzgado por su accionar en la primera parte de la investigación en el asesinato del exministro de Desarrollo Social, Juan Carlos Rojas.
La mayoría del Tribunal justificó la absolución al fiscal cuestionando la acusación realizada por el fiscal del Jury, Miguel Mauvecín. Sin embargo, para la minoría que votó a favor de la destitución, “la conducta del fiscal fue errática, poco clara, desordenada y negligente”.
De acuerdo al fallo, la diputada Juana Fernández y la presidenta de la Corte, Fernanda Rosales Andreotti, justificaron su voto a favor del apartamiento de Palacios contrastando lo declarado por el fiscal, la médica que realizó la primera autopsia, Daniela Miranda Zar y los médicos que participaron en la segunda autopsia. En ese sentido, destacaron que la decisión de entregar el cuerpo por parte del fiscal fue tomada con anterioridad a tener comunicación con Miranda Zar, quien le manifestó que la causa del deceso era traumatismo de cráneo, sin precisar el mecanismo de muerte. “El funcionario judicial actuó con mal desempeño en el ejercicio de sus funciones pues tomó la decisión de entregar el cuerpo a sus familiares el domingo 4 de diciembre a las 22, pese a no tener información precisa sobre la causa eficiente de muerte”, indicaron.
Añadieron que en base a las declaraciones del titular del Cuerpo Interdisciplinario Forense, Sebastián Vega y del Fiscal General Alejandro Dalla Lasta, se pone al descubierto que la decisión de realizar la segunda autopsia no fue tomada sino hasta el lunes 5 a las 8.40. Ante esta situación, consideraron que “de los hechos que fueron acreditados en el debate surge que el fiscal Palacios no condujo la investigación de manera ordenada y exhaustiva como era su deber hacerlo” y que por tal razón llegaron a la conclusión de que “la conducta del fiscal fue errática, poco clara, desordenada y negligente”.
Más adelante, resaltaron que al momento de decidir la entrega del cuerpo, Palacios “no sabía siquiera cuál era la causa de muerte y mucho menos la mecánica del hecho”. En este marco, cuestionaron que el fiscal “no requirió nuevos informes, ni fue al lugar del hecho nuevamente, ni intentó profundizar en las causales del fallecimiento sino hasta horas después pese a estar frente a la muerte, evidentemente violenta”.
“Aun así, decidió esperar. Esa espera repercute de manera directa en la investigación. La determinación de la mecánica del fallecimiento le habría permitido tomar medidas investigativas más certeras y oportunas”, sostuvieron.
Finalmente, justificaron su voto al sostener que “el requisito constitucional de idoneidad no solo debe requerirse para acceder al cargo sino que debe mantenerse mientras el fiscal ejerza tal función, pues si existe pérdida de idoneidad ello debe necesariamente traducirse en la causal de mal desempeño”.
Por otra parte, para la diputada Cecilia Guerrero, el senador Oscar Vera y los abogados Silvia Cabrera y Pablo Nicolini, el fiscal del Jury centró su acusación de “mal desempeño” únicamente en la entrega del cuerpo de Rojas a su familia y no en otros elementos de la investigación de Palacios. Esto, a su criterio, impidió que el Tribunal pueda tener otros elementos para avanzar contra la destitución del fiscal.
“No existe en la acusación del Fiscal Mauvecín ningún otro hecho o conducta que pudiera ser atribuida al Fiscal Palacios en el marco de su actuación en la causa Rojas. Como consecuencia de ello, excede a la competencia del Tribunal analizar otras conductas que hubiese desplegado Palacios en su calidad de Fiscal de Instrucción”, aclararon. En este marco, explicaron que analizar esto, “estaría violando el principio de congruencia y de debido proceso, de raigambre constitucional”.
Más adelante, consideraron que “si la acusación hubiera comprendido la totalidad de las actuaciones labradas a partir del momento mismo del hallazgo hasta la asignación de investigación al Fiscal Costilla, el Tribunal podría haber tenido la posibilidad de avanzar en la valoración de otras circunstancias en la causa durante la dirección de Palacios”.
Pasando a la acusación en sí, Guerrero y compañía advierten que de la prueba producida, surge que desde un primer momento se estaba ante una muerte violenta. Cuestión que quedó corroborada con la primera autopsia realizada por Miranda Zar. “Si bien la primera autopsia no fue concluyente en orden a la mecánica de la muerte, la responsabilidad por la insuficiencia conclusiva no puede atribuirse al acusado, sino que configura una omisión de quienes la realizaron”, aseguran los jueces apuntando a Miranda Zar.
Destacaron que debido a que la médica en la primera autopsia no pudo determinar el mecanismo de la muerte, Palacios ordenó al día siguiente una segunda, “atento a que no podía asumir el riesgo de un diagnóstico no concluyente, con los efectos nefastos e irreversibles desde un punto de vista probatorio”. En este sentido, resaltaron que “para evitar ese riesgo, ordenó con acertado criterio una nueva autopsia en pos de llegar a la verdad de lo sucedido”.
En cuanto a la entrega del cuerpo, advirtieron que el acusado, al no tener un protocolo de autopsia que guíe su conducta, debía conducirse por lo que le indicaran los profesionales intervinientes. “Con la entrega del cadáver a los familiares, siendo que la autopsia, según Miranda Zar estaba completa, no había necesidad de retener el cuerpo de Rojas”, dijeron.
La presidenta de la Corte, Fernanda Rosales Andreotti, consideró que se debe avanzar en una modificación del Jury al considerar que la norma "es confusa".
"La actualización de la ley forma parte de lo que debe ser la reforma judicial. Es una norma que ya tiene mucho tiempo y no ha implementado en completitud el sistema acusatorio, por lo tanto es confusa", dijo y agregó que a su criterio "debería ser más clara y simple".
Para la titular del máximo tribunal local, se debería avanzar con una simplificación de plazos, presentaciones. En este sentido, ratificó la necesidad de pasar a un sistema acusatorio al sostener que este sistema "rige en el país hasta por una cuestión constitucional".
"Hay que tener presente que los tribunales deben ser imparciales y por lo tanto no pueden acusar ni investigar. Esa es la tarea del fiscal y de la defensa cuando desea plantear pruebas. El tribunal tiene que mantenerse como imparcial", dijo.
Por otra parte y más allá de ratificar su voto a favor del apartamiento de Palacios, Rosales Andreotti defendió el trabajo de la mayoría de los miembros del Poder Judicial. "Gran parte de los funcionarios judiciales trabajan mañana y tarde, se capacitan y son comprometidos", dijo.
Posteriormente, sostuvo que "cuando observamos que existe algún miembro del Poder Judicial que no hace su trabajo como corresponde, hacemos los procesos que corresponden como este jury, que es abierto al público para que se pueda conocer lo que sucedió”.
Finalmente, dejó en claro el compromiso del Poder Judicial con la sociedad al sostener que "cuando uno tiene una denuncia para hacer la tomamos y la tramitamos con todas las garantías, tanto para la persona que es acusada, como la denunciante".