La compra de la Casa Santa Rita mediante un DNU derivó en denuncias cruzadas entre el intendente y el CD.
La compra de la denominada Casa Santa Rita no solo abrió una controversia por una operación inmobiliaria realizada mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), sino que también destapó una serie de cuestionamientos políticos e institucionales sobre la gestión del intendente de Pomán, Francisco Gordillo, el jefe comunal con más años consecutivos en el poder en Catamarca.
Vinculado al gobierno municipal desde 1999, Gordillo volvió a quedar en el centro de la polémica luego de que concejales cuestionaran la adquisición de un inmueble valuado en alrededor de 40 mil dólares y denunciaran supuestas irregularidades en el manejo de fondos públicos, falta de información administrativa y un creciente conflicto entre el Ejecutivo y el Concejo Deliberante.
La tensión escaló durante la sesión convocada para que el intendente brindara explicaciones sobre la operación. Gordillo defendió la legalidad de la compra y aseguró que el inmueble fue adquirido con recursos ahorrados por el municipio durante los últimos dos años. También sostuvo que la propiedad será destinada a fines culturales y patrimoniales.
Sin embargo, los concejales pusieron en duda la utilización de un DNU para concretar la adquisición y señalaron inconsistencias entre las fechas de la documentación presentada y los argumentos utilizados por el Ejecutivo para justificar la urgencia de la medida. El debate derivó en fuertes cruces, acusaciones mutuas y la posterior salida del jefe comunal del recinto sin responder preguntas de los ediles.
El episodio marcó un nuevo capítulo en la disputa entre ambos poderes. Durante la sesión, Gordillo sostuvo que el Concejo Deliberante no tiene facultades para citarlo a brindar explicaciones y anticipó que no volverá a concurrir al cuerpo legislativo, salvo para cumplir con las obligaciones institucionales establecidas por la ley.
Tras el encuentro, el presidente del Concejo Deliberante, Walter Centeno, profundizó sus cuestionamientos y aseguró que el conflicto excede la compra de la Casa Santa Rita. Según planteó, existe un problema de fondo relacionado con el funcionamiento institucional del municipio y el manejo de los recursos públicos.
Centeno acusó al intendente de concentrar decisiones administrativas y financieras que, a su entender, deberían ser compartidas con el Poder Legislativo. En ese sentido, sostuvo que el Concejo carece de autonomía para administrar fondos propios y denunció que el Ejecutivo retiene recursos que por ley corresponderían al cuerpo deliberativo.
Además, afirmó que varios proyectos aprobados por unanimidad fueron vetados por Gordillo, entre ellos iniciativas vinculadas a mejoras en el régimen jubilatorio municipal y propuestas destinadas a promover el patrimonio histórico local. También aseguró que nunca obtuvo respuestas satisfactorias a pedidos de informes sobre la cantidad de empleados municipales y la situación financiera de la comuna.
Según explicó Centeno, una de las principales diferencias surgió a partir de un proyecto destinado a mejorar las condiciones jubilatorias de empleados municipales próximos a retirarse. La iniciativa había sido aprobada por unanimidad en el Concejo y buscaba establecer mejores condiciones para el cálculo de los haberes previsionales, aunque posteriormente recibió observaciones por parte del Ejecutivo.
El presidente del cuerpo también vinculó el conflicto con la política de personal del municipio. Según relató, en distintas oportunidades planteó la necesidad de limitar nuevas incorporaciones a la planta comunal y priorizar mejoras salariales para los trabajadores ya existentes. A su entender, esos planteos no fueron atendidos por el Ejecutivo y terminaron profundizando las diferencias políticas.
Otro de los cuestionamientos formulados por Centeno se relaciona con la administración de los recursos del Concejo Deliberante. El edil sostiene que el cuerpo legislativo no dispone de autonomía financiera y depende de decisiones adoptadas por el Ejecutivo para afrontar gastos de funcionamiento y actividades institucionales. En ese sentido, reclamó una administración más independiente de los fondos asignados al Poder Legislativo.
Además, aseguró haber solicitado en reiteradas oportunidades información vinculada a la planta de personal municipal, la cantidad de empleados y otros aspectos de la administración comunal sin obtener respuestas satisfactorias por parte del Ejecutivo.