Resultó paradójico que justo el día en que se celebraba en la Argentina el Día de la Eficiencia Energética, se produjo el pasado miércoles uno de los apagones más masivos y prolongados de los últimos años, afectando a la región del AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires), donde se concentra el 35% de la población de la Argentina y más del 40% de la actividad económica del país.
Durante largas horas, en algunos sectores más de 12, se vivió un caos. Un relevamiento aproximado detectó más de 600.000 usuarios sin energía eléctrica, lo que implica casi 2 millones de personas afectadas.
Si bien ya durante otras jornadas muy calurosas de enero y febrero hubo apagones en los grandes centros urbanos e incluso algunos que abarcaron sectores de varias provincias, ninguno fue tan masivo como el del miércoles. Expertos en el tema venían advirtiendo sobre la inevitabilidad de estos problemas en días tórridos y por lo tanto de alto consumo, pero el gobierno nacional subestimó tales alertas y no estableció los controles imprescindibles para que las empresas realizaran las tareas de mantenimiento que permitieran menguar el impacto.
Aunque hay obras paralizadas para la generación de energía, el problema parece centrarse en el transporte de la energía y, particularmente en el mantenimiento de las líneas de alta tensión, donde no se advierte que las empresas hagan las inversiones necesarias.
La ampliación del sistema de transporte eléctrico fue una de las medidas que las organizaciones de defensa de usuarios y consumidores demandaron en las audiencias públicas donde se determinaban las subas de las tarifas.
El lógico malestar que producen los largos cortes de energía, sobre todo cuando las temperaturas son tan altas, se amplifica porque desde diciembre del 2023, cuando asumió el gobierno de Javier Milei, hasta la actualidad, las tarifas de la energía se incrementaron en promedio un 270%, de acuerdo con datos del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), de la UBA y el Conicet, lo que no redundó, como puede apreciarse nítidamente, en una mejora en la prestación del servicio en los grandes centros urbanos. Otras estimaciones, como por ejemplo la de la Unión de Usuarios y Consumidores, remarcan aumentos, en algunos casos, de hasta un 400 por ciento.
La quita de los subsidios a los usuarios hasta ahora fue gradual, pero el objetivo del Gobierno nacional es hacer desaparecer los subsidios para la clase media y que queden solamente los subsidios para la porción de mayor vulnerabilidad, lo que implicará, en promedio, otra suba importante en el costo del servicio.
El incremento de las tarifas no mejoró el servicio, como se dijo, pero sí gravitó, en cambio, en la rentabilidad de las dos principales empresas distribuidoras de energía eléctrica en la Argentina. En el primer semestre de 2024 Edenor tuvo ganancias por $107.580 millones y Edesur de $52.204 millones para el mismo periodo, según los registros contables de ambas firmas.
También hay cuestionamientos respecto del escaso énfasis que ponen las autoridades nacionales en controlar que las inversiones que se requieren para que el mantenimiento sea permanente y eficiente se realicen efectivamente según un plan de obras aprobado.
En Catamarca, si bien se producen cortes de energía cuando hay una saturación por las altas temperaturas, en los últimos meses éstos han sido sectorizados y por lo general de corta duración. Los cortes masivos y prolongados son casi siempre por fallas en el sistema de Transnoa, ajeno a la competencia provincial. La inversión en obras desarrollada por la EC Sapem ha funcionado para restringir los cortes, demostrando que cuando se prioriza el uso eficiente de los recursos por sobre las rentabilidades empresariales desmedidas, el servicio mejora.
