Expresión recurrente, pero no carente de verdad, es sostener que Argentina es un país con inmensos recursos naturales, lo que conlleva la consiguiente frustración por las crisis que de tanto en tanto agobian al país y lo hacen aparecer como inviable, como condenado a no configurar una nación que sea consecuente con la riqueza que posee en todo su territorio.
Analizar las causas de las frustraciones de la Argentina, sus ciclos de crecimiento y recesión, demandaría toneladas de tinta. El propósito es, en este comentario, señalar como una de las lecciones de la historia entender que las riquezas naturales son elemento esencial a la hora de imaginar el desarrollo, pero que si a las materias primas que pueden producirse o extraerse del territorio nacional no se les añade valor, la creación de riqueza se limita notablemente.
En el ciclo de expansión capitalista registrado en el mundo en las últimas décadas del siglo XIX y principios del XX, a los países latinoamericanos se les asignó, en el marco de la distribución internacional del trabajo, el rol de exportadores de materia prima que industrializaban los países desarrollados. Desde mediados del siglo pasado ese panorama fue revirtiéndose a partir de procesos de industrialización que se registraron hasta la década del setenta. Medio siglo después del freno a esa tendencia producida por el plan económico de la dictadura militar, la Argentina aun carece de un proyecto a largo plazo que tenga como objetivo agregarle valor a los productos primarios. Es muy notable en el caso de la minería (tal vez gozaría de mayor licencia social si se procesaran en nuestro territorio los minerales, pues habría más generación de empleo y de ingresos para el sector privado nacional y el propio sector público por vía tributaria), pero también aplica a la agricultura y la ganadería.
En este contexto, hay expectativas en el sector del campo ligado a la agroindustria por el proyecto de ley de Fomento al Desarrollo Agroindustrial Federal que el ejecutivo presentó en el Congreso de la Nación y que se tratará próximamente. Desde el gobierno consideran que es imprescindible industrializar el campo y trazar una suerte de cambio de paradigma que apunte a desprimarizar el sistema de producción nacional.
La iniciativa crea un Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial Federal, Inclusivo, Sustentable y Exportador, aplicable a las nuevas inversiones de todo tipo de producción agropecuaria, agroindustrial y forestal de las 24 cadenas de valor del país presentes en todas las provincias, y plantea una serie de incentivos y de beneficios fiscales para los productores. La meta es incrementar las exportaciones en 7.000 millones de dólares por año y generar más de 150 mil puestos de trabajos en todo el país.
La norma, que es apoyada por los representantes de las entidades agropecuarias, contiene las claves para el fomento de la actividad agroindustrial. Es de esperar que se plasme en beneficios concretos para el sector específico pero también para el resto de la economía, evitando las interferencias políticas que a veces arruinan las mejores iniciativas.
