La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Cámara Argentina de Comercio rechazaron el anuncio del pago de un bono para empleados registrados, por entender que el mecanismo de ajuste salarial del sector privado "son las paritarias y no una imposición del Estado sobre las relaciones laborales".
El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció el pago de una suma fija de $60.000, en dos cuotas de $30.000 a cobrarse en septiembre y octubre, para los trabajadores privados y los estatales de la Nación que ganan hasta $400.000.
La entidad pyme sostuvo que cada sector de la economía y cada empresa en particular "atraviesan diferentes situaciones que jamás pueden homologarse al punto de establecer unilateralmente aumentos generales, aun asumiendo el Poder Ejecutivo nacional el 50% del incremento dispuesto".
En particular, indicó que los sectores de Comercio y de Trabajadores Rurales "acaban de celebrar sus paritarias, lo que implica que el otorgamiento del bono en cuestión quedará absolutamente desfasado de la reapertura de las negociaciones, en el marco de un proceso inflacionario acelerado".
"Las micro, pequeñas y medianas empresas llevan varios meses perdiendo en su resultado económico y esta imposición agudizará esa pérdida", se quejó CAME, y advirtió que "la injerencia del Estado en la actividad privada no sólo complejiza la relación natural de empleadores y empleados, sino que pone en riesgo la endeble situación de miles de pymes que atraviesan un escenario de extrema fragilidad, con costos que aumentan permanentemente, con imposibilidad de importar insumos básicos y con una recesión que amenaza el consumo de manera creciente".
Por su parte, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) exteriorizó su "profunda preocupación en relación con el otorgamiento de una suma a trabajadores del sector privado recientemente anunciada por el Gobierno nacional".
Asimismo, remarcó que son las negociaciones paritarias el ámbito donde deben determinarse las remuneraciones, toda vez que allí se pueden conciliar las legítimas pretensiones de los trabajadores con las reales posibilidades de las empresas de cada sector.
La entidad presidida por Natalio Mario Grinman expuso en el documento que "es plenamente consciente del deterioro que el poder adquisitivo de los salarios experimenta mes a mes de la mano de la persistente y elevada inflación que soporta la economía nacional, producto de desequilibrios de larga data".
No obstante, advirtió que "buena parte de las empresas del país se encuentra en una delicada situación, debido justamente a una macroeconomía desordenada y con un estancamiento que ya acumula una década, lo que hace inviable que puedan afrontar la suma fija".
También advirtió que si bien aún no se conoce la reglamentación, "de los anuncios se desprende que tan solo una fracción acotada de los pagos en cuestión podría ser tomada a cuenta de contribuciones patronales". Por lo expuesto, concluyeron que "la suma fija acabará por implicar un aumento de costos significativo para numerosas firmas, ya exhaustas por una elevadísima presión tributaria, legislación laboral vetusta, trabas al comercio exterior, regulaciones excesivas y un entorno macroeconómico por demás adverso".
El economista Rodolfo Santángelo sostuvo que las última medidas económicas "son más de lo mismo" porque "ni los salarios ni las jubilaciones le van a ganar a una inflación tan alta". "Cuando hay 7% u 8% de inflación mensual hay que dar ayuda desde el Estado cada dos o tres meses. Pero cuando hay 15% de inflación, como va a suceder en septiembre, hay que adelantar este tipo de medidas, pero son más de lo mismo, parches que hacen falta ante esta situación de tanta remarcación, pero son para correr por detrás", opinó.
