Aunque se encadena a los despidos en las delegaciones locales de organismos nacionales, las bajas en el programa Potenciar Trabajo y una caída sostenida de puestos de trabajo en la construcción, el cierre de la fábrica Textilcom impactó con particular fuerza en la opinión pública por la cantidad de gente que quedó sin su fuente laboral en un solo movimiento.
Es como si los efectos de la recesión cristalizada por el ajuste del Gobierno nacional al comando de Javier Milei hubieran estado llegando a Catamarca en dosis homeopáticas y de pronto se experimentara un sacudón brutal, como una bofetada.
124 personas perdieron el trabajo en la planta catamarqueña y un número similar en La Rioja, en el corolario de un proceso que se arrastró durante varios meses, con crecientes dificultades de la firma para afrontar el pago de los salarios.
El cierre se proyecta además sobre una de las líneas políticas más promocionadas por el Gobierno provincial, como es la del aliento a la industria y la generación de puestos de trabajo por fuera de la estructura estatal.
Textilcom se radicó en Catamarca a principios de 2022 al calor de los esquemas promocionales de la época, para producir ropa de marcas reconocidas. El cambio de signo político en la Casa Rosada eliminó el sistema de apoyos a las economías provinciales y la retracción de la actividad hizo el resto.
La Cámara de la Construcción calculó en alrededor de 5.000 los puestos de trabajo perdidos en la provincia como consecuencia de la interrupción de la inversión en obras públicas decidida por la gestión libertaria para alcanzar el superávit fiscal. A eso deben sumarse las bajas en el Potenciar Trabajo, que están en torno a los 700 y los contratos caídos en organismos nacionales.
El caso de la textil añade un ingrediente premonitorio. El hecho de que sea la primera fábrica que cierra en la provincia en la etapa libertaria asienta en Catamarca una inquietud que, poco a poco, va creciendo en la población y desplazando a la baja de la inflación como principal demanda al Gobierno de Milei: el temor a perder el empleo.
Naturalmente, las expectativas por una solución se depositan en un Gobierno provincial con escaso margen económico y financiero para proporcionar respuestas. Sectores de la oposición ya comenzaron a trabajar para concentrar allí los reclamos, con la lógica excepción del ala libertaria que dio el batacazo en las elecciones del año pasado y se quedó no solo con cinco bancas en la Cámara de Diputados, sino también con el comando de la ANSES y el PAMI provinciales.
La Dirección de Inspección Laboral de la Provincia intervino para monitorear que se cumplan las exigencias legales de los despidos.
"Estamos viendo cómo van a ser las condiciones para desvincular a los trabajadores. Vamos a velar para que se liquide como corresponde la indemnización, además tenían una deuda salarial de abril. Queremos que se les pague lo que indica la ley y queremos llevarle algún tipo de tranquilidad a la gente de que vamos a trabajar por eso", dijo el titular del organismo, Diego Romero.
Los trabajadores, por su parte, tomaron la planta.
El hecho abre grandes interrogantes sobre la sustentabilidad del sistema industrial establecido en la Provincia, que revivió el complejo El Pantanillo.
Plantea además un enorme desafío para la dirigencia política provincial de todos los bandos. Al Gobierno de la Provincia, obviamente, pero también a una oposición a la que le resultará difícil, si no imposible, omitir la incidencia determinante que tiene en la angustiante situación el modelo instalado por la administración nacional. n
