Las demandas que los gobernadores le vienen planteando al Gobierno nacional buscan asegurar un flujo de recursos previsible y creciente para sostener el funcionamiento básico de sus provincias en un contexto de escasez de recursos. Los mandatarios gestionan, a través de las modificaciones de algunos impuestos, el incremento de los fondos coparticipables, pero también aspiran a establecer reglas del juego claras que garanticen una distribución más previsible de las transferencias no automáticas, aquellas de carácter discrecional que, por su naturaleza, suelen generar tensiones políticas y financieras.
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La agenda de desarrollo como debate pendiente
Junto a este núcleo central aparecen otras demandas, más específicas, como deudas puntuales, obras públicas inconclusas o pendientes en cada jurisdicción, programas sociales o productivos demorados y una larga lista de gestiones que responden a urgencias locales. Son reclamos razonables, básicos, casi elementales en un esquema federal donde las provincias, particularmente aquellas con estructuras productivas más limitadas, entre las que se encuentra Catamarca, dependen en gran medida de los flujos nacionales para sostener servicios esenciales.
Sin embargo, en algún momento los gobernadores deberán elevar la discusión a un plano más estructural, es decir, respecto de qué modelo económico y de desarrollo necesita la Argentina para generar los recursos que hoy las provincias solicitan, pero también para proteger y potenciar a los sectores productivos de las economías regionales.
El retroceso productivo en el marco del actual modelo es notable. Se advierte a partir del análisis de las estadísticas que difunden las entidades empresarias o las consultoras privadas, pero también los propios números oficiales reflejan el pesimismo empresarial. El Indicador de Confianza Empresarial (ICE) de la Encuesta de Tendencia de Negocios de la Industria Manufacturera publicada por el INDEC se desplomó a –23,2%, el peor registro desde que comenzó la serie en enero de 2025. La caída fue progresiva y sostenida, comenzó el año en –15,8% y se profundizó mes tras mes. A esto se suma un dato especialmente preocupante: el 52,8% de las empresas declara que su cartera de pedidos está “por debajo de lo normal”, un indicador directo del parate productivo.
El consumo masivo tampoco ofrece buenas perspectivas. Según la consultora Scentia, los supermercados registraron en octubre una caída de 5,1% respecto del mismo período de 2024, un año muy malo en términos de consumo, mientras que los mayoristas exhibieron un desplome aún mayor, del 5,3%. La demanda interna —motor fundamental de miles de pequeñas y medianas empresas y de casi todas las economías regionales— continúa en picada.
A ello se suma el diagnóstico de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), que reportó un retroceso del 5,3% en la actividad industrial interanual. La contracara de este derrumbe productivo y del consumo es un incremento creciente de las importaciones, que introduce una amenaza adicional para la producción nacional y desplaza aún más a la industria local en un mercado interno ya deprimido.
Frente a este panorama, que parece no mejorar pese a la fortaleza política que el gobierno obtuvo con el espaldarazo electoral de octubre, el reclamo de fondos y obras de los gobernadores parece demasiado acotado. Sigue pendiente el debate por la construcción de mejores perspectivas productivas para la industria y para todas las economías regionales, es decir, de una agenda de desarrollo que revierta el actual deterioro, la configuración de un modelo de país que produce y genera oportunidades para su gente.