Francisco Monti. Su denuncia sobre “drogas por voto” debería formalizarse en la Justicia.
En la recta final hacia los comicios del próximo 26 de octubre, La Libertad Avanza de Catamarca intenta desplegar como estrategia propia provincializar la discusión política, bajo el argumento de que el oficialismo provincial busca nacionalizarla. El debilitamiento del gobierno nacional, tanto por la crisis económica como por los escándalos que lo acosan —la estafa de Libra, las coimas en la Andis y las probadas vinculaciones del diputado Espert con un presunto narcotraficante a punto de ser extraditado por pedido de la Justicia de los Estados Unidos— opera claramente con factor que gravita fuertemente para adoptar tal estrategia.
Desde esa perspectiva, la actitud libertaria tiene una lógica entendible y además legítima. Si el gobierno de Javier Milei atraviesa su peor momento desde la asunción, con indicadores sociales que empeoran y un clima político enrarecido por las denuncias de corrupción, resulta natural que los candidatos locales intenten correr el eje del debate nacional. Al mismo tiempo, también se vuelve razonable que el oficialismo provincial intente sacar rédito de la situación. En ese juego de espejos, ambos sectores políticos parecen coincidir en el diagnóstico de un contexto nacional con muchas complicaciones para el oficialismo.
La aseveración de Monti y Figueroa respecto de que dirigentes políticos entregan drogas a cambio de votos, conlleva una gravedad que no puede soslayarse. La aseveración de Monti y Figueroa respecto de que dirigentes políticos entregan drogas a cambio de votos, conlleva una gravedad que no puede soslayarse.
De todos modos, resulta llamativo que dos de los referentes de La Libertad Avanza en la provincia, Francisco Monti, candidato a diputado provincial, y Diego Figueroa, postulante a concejal capitalino, hayan centrado buena parte de sus discursos recientes en el tema de las drogas, como el oficialismo provincial también puso el dedo en la llaga libertaria con el “espertgate”. Monti aseguró hace una semana que en el sur de la ciudad “hay chicos que parecen zombies” por el consumo de estupefacientes, y recordó su denuncia de 2023 sobre punteros políticos que supuestamente repartían “alita de mosca” a cambio de votos. Figueroa, en sintonía, sostuvo que en algunos barrios “la política le da droga a los chicos a cambio de un voto”.
Más allá del impacto mediático de esas frases, el problema del consumo y del narcotráfico excede con mucho las fronteras de Catamarca. Es un fenómeno que se ha profundizado en la Argentina de los últimos años propiciado por la retirada del Estado de los barrios populares, un proceso que especialistas, la Iglesia Católica y diversas organizaciones sociales con anclaje territorial han señalado como consecuencia directa del modelo que el gobierno propone: un Estado mínimo que deja libradas a su suerte a las comunidades más vulnerables.
Este rol subsidiario y limitado, sumado a una menor inversión social y limitada presencia estatal directa en los barrios, es visto como un factor que facilita la penetración de las redes criminales que ocupan esos espacios vacíos con dinero y, lamentablemente, con droga. Por eso, cuando los candidatos libertarios instalan el tema de las drogas, denuncian un drama que se ha potenciado por el repliegue estatal que el propio gobierno libertario promueve.
Por otro lado, la aseveración de Monti y Figueroa respecto de que dirigentes políticos del oficialismo, o de algún otro sector que los candidatos no identificaron debidamente, entregan drogas a cambio de votos, conlleva una gravedad que no puede soslayarse. De modo que no es correcto que quede en el plano de la consigna de campaña sino tomar forma de una denuncia que la Justicia debería investigar con la información que los candidatos libertarios aseguran manejar. De otra manera, la denuncia corre el riesgo de ser percibida como un mero recurso retórico, una frase de alto impacto utilizada para la chicana electoral, banalizando la gravedad de la acusación.
