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SUSCRIBITEEl gobernador Raúl Jalil, acompañado por la ministra de Economía, Alejandra Nazareno, recibió a las autoridades del Tribunal de Cuentas para analizar la readecuación presupuestaria del organismo de cara al ejercicio 2024.
Durante la reunión, de la que participaron el presidente del TC, Jorge Moreno, y los vocales Sebastián Véliz y Víctor Villarroel, se abordó la necesidad de readecuar el presupuesto y consensuaron en que se alineará con las pautas y criterios del Régimen de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno. El Ejecutivo tiene plazo hasta fin de mes para presentar su Presupuesto 2024 ante la Cámara de Diputados.
Este ajuste, además, considera la variación del Índice de Precios al Consumidor, establecido en un 69,5% según el marco macrofiscal del Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el próximo año.
Al igual que ocurrió con la Legislatura en la reunión de la semana pasada con las autoridades del Senado, en el marco de la Ley de Presupuesto provincial, el Poder Ejecutivo se comprometió a que proveerá el crédito presupuestario correspondiente en caso de ser necesario, con lo que garantizará la cobertura de los gastos personales, respetando la misma pauta salarial determinada por el Poder Ejecutivo para los empleados de la Administración Pública Provincial.
El Gobernador dio continuidad a las reuniones que había anticipado la semana pasada en torno a la revisión del Presupuesto y ahora solamente resta un encuentro con las autoridades de la Corte de Justicia para avanzar sobre ese consenso.
La puja presupuestaria entre el Máximo Tribunal y el Poder Ejecutivo ha sido eje de conflictos en los últimos años.
En 2020, la Corte presentó un Presupuesto por 5.100 millones de pesos para el año siguiente, pero el Gobierno le pidió que realice una serie de ajustes, por lo que la entonces presidenta, Vilma Molina, aceptó una reducción de $300 millones pero anticipó que aquello significaría “la postergación en la creación de cargos que habían sido solicitados por el Poder Ejecutivo, como la Cámara de Apelaciones del Oeste y la implementación de los organismos para el fuero especial juvenil y el fuero de violencia familiar y de género y la ley de Mediación”. Sin embargo, el Ejecutivo envió a la Legislatura un Presupuesto de 4.500 millones de pesos para la Corte, lo que implicaba un reducción final de casi 600 millones.
El conflicto terminó por estallar en los primeros meses de 2021, cuando la Corte le reclamó al Ejecutivo que retribuyera los fondos recortados. El Gobierno propuso que el tema se discutiera en la Legislatura y finalmente se enviaron los recursos, pero bajo el condicionamiento de invertirlos en modernización.
En 2021 ocurrió lo mismo. La Corte envió un Presupuesto de casi 9.400 millones de pesos y el Ejecutivo finalmente envió a la Legislatura partidas por 8.300 millones, es decir, con un recorte de 1.100 millones de pesos. Esto volvió a destapar los cuestionamientos de las autoridades de la Corte, quienes reclamaron que con esa poda nuevamente se vería en riesgo la implementación del fuero de violencia de género.
En 2022 se repitió el debate en relación con los recursos para este año. La Corte envió un Presupuesto para 2023 de 22.140 millones de pesos, pero en el tratamiento legislativo hubo un recorte de 5.200 millones para destinar a gastos de capital de Salud, Educación y Seguridad.
