Claudio Avruj, titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), presentó ante la Justicia una denuncia penal “para determinar las responsabilidades en el otorgamiento de subsidios no reintegrables a comunidades y/o grupos autoidentificados como organizaciones indígenas”. Entre los apuntados se encuentran las organizaciones mapuches designadas como “terroristas” por el gobierno de Javier Milei. En la documentación presentada por el funcionario constan las dos auditorías de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN),
Allí se destaca que gran parte de los 1.200 millones de pesos fueron girados por los gobiernos kirchneristas. Esos montos, que solo a una comunidad fueron de 7 millones de pesos, no fueron rendidos. Tampoco se realizaron controles por parte de las autoridades nacionales y se utilizó para abonar honorarios de abogados que los defendían en las causas judiciales por tomas de tierras y hasta incendios en predios y fincas.
En esta línea señalaron que se detectaron graves irregularidades en el Programa de Fortalecimiento Comunitario, creado en 2003 por la entonces ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner.
