En el departamento de Antofagasta de la Sierra surgieron dudas respecto de la construcción de un camino de 23 kilómetros, conocido como “bypass de Antofagasta”, tras conocerse una presentación en Fiscalía de Estado contra el ex intendente Julio Taritolay (UCR), en la que se cuestiona que la obra no cuenta con toda la documentación técnica necesaria. De esta forma se pone en tela de juicio las licitaciones, estudios ambientales y otros requisitos administrativos realizadas en la anterior administración en relación con esta obra.
Según fuentes vinculadas al municipio, se puso en tela de juicio también a la empresa encargada de la construcción del proyecto por supuestos vínculos con el exintendente. Esto provocó dudas en los actuales funcionarios de la Municipalidad, quienes motorizaron en Fiscalía de Estado el pedido de una investigación. En este marco, también advirtieron sobre la falta de permisos de organismos como la Secretaría de Ambiente y Vialidad Provincial para avanzar con los trabajos.
“La obra generó un impacto ambiental significativo en ecosistemas sensibles de la región”, señalaron las autoridades municipales respecto de estos estudios. En este sentido, advirtieron que “tampoco hay documentación que legitime la construcción” de la ruta en ningún organismo provincial.
La obra referida es el bypass minero de la ruta provincial nº43, que surgió como alternativa ante el reclamo de los pobladores por el permanente paso de vehículos de tránsito pesado.
Los reclamos surgieron en 2020 y la obra se culminó a fines del año pasado. Es un tramo que conecta Villa Vil, en el norte de Belén, con la Cuesta de Randolfo en Antofagasta de la Sierra.
