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Editorial

Inversión pública: entre la equidad y la discrecionalidad

Ha sido siempre materia de debate, y lo seguirá siendo, cuáles deben...

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12 de diciembre de 2021 - 02:10

Ha sido siempre materia de debate, y lo seguirá siendo, cuáles deben ser los criterios para decidir la distribución de los recursos de la inversión pública nacional en el territorio argentino. Es decir, cuáles son los parámetros para decidir dónde se invierte el presupuesto destinado a obras públicas, al parecer siempre insuficiente para atender las demandas de cada provincia.

Las posturas son de las más variadas, y en muchas ocasiones están condicionadas por miradas políticas sectoriales. Para algunos, el reparto deberá basarse en la cantidad de habitantes. Según esta perspectiva, las jurisdicciones más pobladas serán el destino del grueso de los recursos, respetando la proporcionalidad por habitante. Este criterio es solo equitativo en lo formal, porque no contempla, entre otros factores, las asimetrías preexistentes –por ejemplo, el Norte Grande argentino tiene un menor grado de desarrollo que el resto del país y necesitaría de una mayor inversión para achicar esa brecha-, o que hay provincias con pocos habitantes pero una extensión muy grande, lo que obliga a inversiones vinculadas, por ejemplo, a objetivos de integración territorial. Distribuir el presupuesto para obras de acuerdo a la cantidad de habitantes beneficiaría enormemente, por caso, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene a toda su población integrada y con una calidad de vida muy por encima del resto de la Argentina.

Un análisis de la distribución de los recursos de la actual ejecución presupuestaria permite advertir que hay un criterio vinculado a la estructura poblacional de la Argentina, pero también otros que contemplan el grado de desarrollo asimétrico y, en base a esta situación, orientan mayores fondos para financiar obras en distritos más atrasados.

Catamarca es parte de la región más atrasada del país (el Norte Grande) y dentro de la región presenta niveles de desarrollo por debajo del promedio, sobre todo en obras estratégicas. No debería sorprender que, si se considera la necesidad de acortar las brechas entre jurisdicciones, reciba recursos superiores a otras considerando la proporcionalidad por habitantes. Lo mismo sucede con La Rioja, que es la cuarta provincia con menos población pero quinta en el reparto, con obras por más de 35.000 millones de pesos. Tucumán y Salta son, dentro del NOA, las provincias más desarrolladas y, por el criterio de equidad antes mencionado, reciben proporcionalmente menos recursos que el resto. De hecho el presupuesto nacional contempla obras para Tucumán por montos apenas superior al de Catamarca, cuando tiene más del triple de población.

A escala regional también se observa un reparto que intenta priorizar el criterio de otorgar mayores recursos, proporcionalmente, a las regiones más atrasadas. Y por ende la más beneficiada es el Norte Grande.

De todos modos, sea cual fuere el criterio de distribución de la inversión pública nacional para este año o para los que vienen, los gobiernos centrales siguen gozando de un margen demasiado grande de arbitrariedad. Habría, en consecuencia, que explorar la posibilidad de hallar una fórmula que evite, o al menos restrinja, la discrecionalidad, que siempre tiene un desaconsejable trasfondo político.

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