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SUSCRIBITELos avances en el respeto de los derechos humanos en Argentina tienen una fuerte impronta formal, traducida en la vigencia de normas, pero muchas veces sin el correlato en la realidad. Un muy buen inventario de las deudas que en esta materia tiene el país -no un gobierno en particular, porque los problemas se prolongan indefinidamente- lo ha realizado la ONG Amnistía Internacional (AI).
El “Informe anual Argentina 2021: retos en derechos humanos” de AI es esclarecedor. Señala que la pandemia exacerbó la desigualdad de género existente y asegura que hay una reproducción, en la vida cotidiana, de estereotipos de géneros que excluyen a las mujeres y personas del colectivo LGBT+ del acceso igualitario a derechos y oportunidades.
En un apartado se refiere a la casi nula campaña de difusión sobre cómo y dónde ejercer el derecho al aborto consagrado por ley en diciembre de 2020, lo que limita su cumplimiento. También alude a la vigencia del flagelo de la violencia de género en el país, a la que califica de "endémica", y recuerda que el año pasado se registró un femicidio cada 30 horas, lo que equivale a 289 víctimas mortales. En esa cifra se incluyen 24 femicidios vinculados nueve personas trans y 15 suicidios feminicidas.
Respecto de otra ley, la de Educación Sexual Integral, AI especifica que a 16 años de su sanción solo el 4% de estudiantes del nivel secundario afirman haber recibido la totalidad de los contenidos básicos prioritarios, y 7 de cada 10 docentes admiten que necesitan más capacitación.
Otro ítem es de la participación política de las mujeres. Hay una mirada crítica por la escasa presencia en el Poder Ejecutivo (solo son dos las mujeres que ocupan cargos ministeriales), por la ausencia en la Corte Suprema de Justicia y, en general, en el ámbito del Poder Judicial.
El informe de la organización menciona como violaciones a los derechos humanos la persecución y hostigamiento a trabajadoras y trabajadores sexuales, cisgénero y transgénero, en la Ciudad de Buenos Aires, y la reiteración de casos de violencia institucional, que van desde crímenes hasta malos tratos, tratos degradantes, amenazas y uso excesivo de la fuerza.
Reprocha asimismo la falta de cumplimiento de la Ley de Emergencia Territorial N° 26.160, y reflexiona que “la falta de reconocimiento territorial es un denominador común en todo el país y habilita la vulneración de otros derechos humanos de las comunidades indígenas”.
Finalmente, entre otros temas, alude a la insuficiencia de las acciones en la Argentina contra el cambio climático, critica la falta de cobertura del cargo del Defensor del Pueblo e indica que cerca del 60% de los niños, niñas y adolescentes que asisten a escuelas de gestión estatal no poseen una computadora disponible en el hogar para uso educativo ni una conexión a internet que le permita cumplir con las tareas escolares”.
El balance de los incumplimientos argentinos tiene valor, además de la rigurosidad con la que fue confeccionado, porque la recopilación de datos y elaboración le corresponde a una organización neutral desde la perspectiva partidaria. La dirigencia de todos los niveles y todos los ámbitos, pero también los ciudadanos de a pie, deberían tomar nota de este inventario.
