lunes 10 de junio de 2024
Salud mental en conflicto con la ley

Internación con orden judicial para un joven inimputable

Fue denunciado en marzo del año pasado. Estaba internado en un nosocomio pero lo externaron sin aviso.

“Resuelvo la inmediata internación involuntaria de este ciudadano en el área de salud mental del Hospital San Juan Bautista, debiendo ser trasladado de forma inmediata por personal del SAME desde el lugar en que se encuentre hasta el mencionado nosocomio. Líbrese oficio con carácter de urgente al Hospital San Juan Bautista, al área Salud Mental y al Ministerio de Salud de la Provincia de Catamarca a efectos del cumplimiento inmediato de la presente orden y que instrumenten todos los medios necesarios a los fines de la internación y debida contención de este ciudadano, todo ello bajo apercibimiento de desobediencia judicial”, dispuso el jueves último el juez de Control de Garantías de Tercera Nominación, Lucas Vaccaroni.

En marzo del año pasado, tras ser denunciado por un abuso sexual, el magistrado lo declaró inimputable, de acuerdo con las pericias de rigor. No obstante, el magistrado tomó conocimiento de que el joven internado había sido externado sin autorización previa y expresa de su Juzgado. El joven habría “reincidido” en otra agresión durante el fin de semana último en Capayán. La situación generó malestar entre vecinos, quienes apedrearon su casa y hasta habrían encendido una pared. El juez Vaccaroni también exhortó al fiscal de Instrucción de turno que investigue por la presunta comisión del delito de desobediencia judicial atento, dado que la externación de este joven ciudadano fue realizada sin autorización judicial conforme.

El caso volvió a poner en tela de juicio el abordaje de personas con padecimiento mental (no así con consumo problemático de sustancias) que hayan cometido algún delito. El artículo 34 del Código Penal Argentino establece que “no son punibles”, entre otras cuestiones, “el que no haya podido en el momento del hecho, ya sea por insuficiencia de sus facultades, por alteraciones morbosas de las mismas o por su estado de inconsciencia, error o ignorancia de hecho no imputables, comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones”. En tanto que, el artículo 82 del Código Procesal Penal de Catamarca aborda sobre la pericia psiquiátrica. “El imputado será sometido a examen mental, a los fines de determinar el estado y desarrollo de sus facultades, siempre que el delito que se le atribuya sea de carácter sexual o estuviere reprimido con pena no menor de diez años de prisión o cuando sea alcohólico o drogadependiente, menor de 18 años o mayor de 70 o cuando sea probable la aplicación de la medida de seguridad prevista por el artículo 52 del Código Penal”.

A finales de 2010 entró en vigencia la Ley Nacional 26657 de Salud Mental. La normativa tiene por objeto asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas y el pleno goce de los Derechos Humanos de aquellas con padecimiento mental que se encuentran en el territorio nacional. Catamarca adhirió en 2015 a través de la Ley Provincial 5383.

Los operadores del sistema judicial comenzaron a enumerar algunos casos. Hubo un caso, con un hombre denunciado por varios hechos –entre delitos contra la propiedad y lesiones-. El Cuerpo Interdisciplinario Forense (CIF) oportunamente había realizado cuatro pericias, durante el procedimiento de rigor, por distintos hechos denunciados. Por cada hecho denunciado se había realizado una pericia. Finalmente, el CIF había diagnosticado un padecimiento mental progresivo. Su patología no sólo no tiene cura sino que se acentúa con el paso del tiempo.

En 2020, durante la etapa más estricta del aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus COVID-19, un hombre fue denunciado por “amenazas calificadas por el uso de arma”. No obstante, fue sobreseído. Según se precisó, tenía una enfermedad psiquiátrica y al no poder viajar a su provincia de origen y sin el tratamiento adecuado, tuvo un brote psicótico.

Los operadores del sistema judicial indicaron que muchas veces, cuando las personas con padecimientos en su salud mental entran en conflicto con la Ley salen a la luz las vulnerabilidades. “Se hacen clientes del sistema”, se remarcó: las personas con padecimientos mentales suelen reincidir. A la vez, se aclaró que “no es el caso del que roba y tiene carné de discapacidad”. En este contexto, se destacó la importancia de la contención, la medicación y el acompañamiento. En este contexto de vulnerabilidad, las personas de este grupo social altamente vulnerable pueden ser no victimarios sino también víctimas de otros delitos, dado que son peligrosas para sí mismas y para terceros.

Abordaje

En noviembre de 2021 en el Salón San Martín de la Corte de Justicia de Catamarca, la ministra Fernanda Rosales Andreotti se reunió con referentes de los ministerios de Salud, Desarrollo Social y Deportes, Trabajo y Vivienda y autoridades del Fuero de Violencia, a efectos de aunar criterios para la elaboración de un Protocolo de Intervención Interdisciplinaria para Personas con Padecimiento en Salud Mental. El principal objetivo es lograr concretar abordajes con garantías de derechos.

Consultada por El Ancasti, la ministra comentó que la idea es lograr una óptima implementación de la Ley Nacional 26657 de Salud Mental. Rosales Andreotti advirtió que actualmente surgen inconvenientes con respecto al resguardo de las personas con padecimiento en Salud Mental. En este sentido, indicó que se pretende abordar, entre otras cuestiones, sobre el tratamiento y las internaciones involuntarias o voluntarias extendidas en el tiempo, con una mirada y garantías de derechos “y no sólo el tratamiento médico”.

“No es solo la atención médica, sino también garantizar vivir en sociedad de manera íntegra, apuntalando la inclusión social, sin discriminación”, comentó.

El abordaje comunitario

A través de la Ley Nacional 26657 de Salud Mental, el Estado reconoce a las personas con padecimiento mental derechos tales como a recibir atención sanitaria y social integral y humanizada, a partir del acceso gratuito, igualitario y equitativo a las prestaciones e insumos necesarios, con el objeto de asegurar la recuperación y preservación de su salud.

Debe promoverse que la atención en salud mental esté a cargo de un equipo interdisciplinario integrado por profesionales, técnicos y otros trabajadores capacitados con la debida acreditación de la autoridad competente. Se incluyen las áreas de psicología, psiquiatría, trabajo social, enfermería, terapia ocupacional y otras disciplinas o campos pertinentes.

El proceso de atención debe realizarse preferentemente fuera del ámbito de internación hospitalario y en el marco de un abordaje interdisciplinario e intersectorial, basado en los principios de la atención primaria de la salud. Se orientará al reforzamiento, restitución o promoción de los lazos sociales.

La Autoridad de Aplicación debe promover que las autoridades de salud de cada jurisdicción, en coordinación con las áreas de educación, desarrollo social, trabajo y otras que correspondan, implementen acciones de inclusión social, laboral y de atención en salud mental comunitaria.

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