La llegada de Guillermo Francos a la Jefatura de Gabinete le añade volumen político a la gestión de Javier Milei, pero es también una buena noticia para las provincias, que carecían de un interlocutor en ese nivel del gobierno.
El interlocutor de los gobernadores en estos seis meses de gestión fue el propio Francos, pero hasta ahora como ministro del Interior. Su acceso al nuevo puesto supone un ascenso y un mayor poder de decisión, conservando además el área de Interior bajo su control, convertida en secretaría.
El interrogante que se abre ahora es si los mandatarios provinciales -también los intendentes, que mañana estarán en el Congreso- encontrarán las compensaciones que vienen gestionando con escasísimo éxito ante la formidable retracción de recursos ocurridos en el primer cuatrimestre del año. El Ancasti publicó en su edición de ayer que los recursos coparticipables sufrieron fuertes caídas producto de la recesión económica (promedio -20% interanual). Adicionalmente, el conjunto de Recursos de Origen Nacional, que incluye la Coparticipación Federal de Ingresos más otras transferencias automáticas, cayó en promedio 19% interanual. Mayo, según un estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), del economista Nadín Argañaraz, como contrapartida, implicó un incremento en los recursos para las provincias, pero se trata de un fenómeno coyuntural –por la liquidación del Impuesto a las Ganancias de las empresas que se beneficiaron con la devaluación- y no alcanza a compensar la caída de los envíos desde que Milei asumió la presidencia en diciembre del año pasado.
A la marcada disminución de los fondos federales debe sumársele la paralización casi total de la obra pública financiada por Nación, que tiene un costo doble: la no realización de las obras en sí, y la desaparición de los beneficios indirectos que produce su ejecución.
Los trascendidos indican que el gobierno libertario podría impulsar cierta reactivación de los trabajos de infraestructura pública, siempre y cuando no implique significativas erogaciones nacionales. Hay algunas alternativas en este marco: que las provincias consigan financiamiento propio, que la nación transfiera a los estados subnacionales algunas de las obras prioritarias, y finalmente que se implemente la iniciativa público-privada, sistema que ya fracasó durante la gestión de Mauricio Macri.
Las opciones no parecen, por el momento, viables. En una situación de extrema crisis financiera y de recorte permanente de los recursos las provincias no pueden salir a buscar financiamiento, mucho menos en dólares, y con tasas altas como las que existen en la actualidad. La transferencia jurisdiccional de las obras deberían ser con financiamiento al menos parcial, pero más allá de la voluntad de Francos lo más seguro es que esta alternativa no sea avalada ni por Javier Milei ni por el Ministerio de Economía.
En este contexto del arribo de Francos a la Jefatura de Gabinete, el gobernador Raúl Jalil inició gestiones para reactivar las obras que ya tienen inicio en el territorio catamarqueño, algunas con fondos nacionales y otras con recursos provinciales. Habría, según trascendió, un principio de acuerdo en ese sentido, tal vez atado a la posibilidad de que el senador Guillermo Andrada apoye con su voto la Ley Bases (Lucía Corpacci ya adelantó su rechazo).
De todos modos, en lo que respecta a los fondos que debe poner Nación conviene tener ciertas reservas: que se liberen depende de la firma de Luis Caputo, cuyo objetivo central en su gestión es mantener el superávit de las cuentas fiscales logrado en los primeros meses del año.
