martes 21 de enero de 2025
La iniciativa es del diputado Alfredo Marchioli (UCR)

Ingresó el proyecto para citar a Murúa por Livent

También solicita convocar al titular de ARCAT y a los síndicos de la provincia en Minera del Altiplano.

Tomó estado parlamentario en la sesión de la Cámara de Diputados de ayer, el proyecto de resolución del diputado radical Alfredo Marchioli para que el ministro de Minería, Marcelo Murúa, explique la venta de Arcadium (Livent y Allkem) de sus derechos mineros a Rio Tinto. El expediente pasó a la Comisión de Minería que comanda el oficialista Juan Denett para su análisis.

El proyecto de Marchioli pide citar a Murúa, junto con el director ejecutivo de ARCAT, Pedro Monferrán, y a los dos directores y al síndico de Minera del Altiplano SA designados por el Poder Ejecutivo Provincial para que expliquen qué postura tomaron cuando se produjo la venta de los activos de la empresa Livent a la multinacional Rio Tinto donde la provincia no vio un peso.

En diálogo con “Mañana es hoy” de Radio Ancasti, Marchioli justificó su pedido al indicar que se pide la presencia de los funcionarios para que “cuenten la posición de Catamarca en la asamblea de accionistas cuando se trató este tema y qué fue lo que reclamaron para beneficio para Catamarca”.

“Tienen que dar las explicaciones porque es inédito y muy grave la situación. Hay una connivencia o desidia de parte de los funcionarios con los recursos que son de los catamarqueños. ¿Cómo podemos esperar que la actividad minera pueda generar recursos para el bienestar general si quienes nos representan no defienden nuestros intereses?”, afirmó.

Por su parte, en los fundamentos del proyecto, el diputado consideró que “resulta urgente e indispensable que esta Cámara interpele al ministro de Minería de la provincia y al director Ejecutivo de ARCAT a los fines de que brinden información respecto al proceso de auditoría fiscal, ambiental y de responsabilidad social de Arcadium Lithium previo a autorizar la cesión de derechos a Rio Tinto Group”.

En este sentido y en cuanto a los miembros del directorio de Minera del Altiplano SA designados por el Poder Ejecutivo, exhortó a la Cámara a que los convoque “para que brinden información y detalle pormenorizado de la operación de cesión de derechos y cuál fue la decisión adoptada por la asamblea, la posición de la provincia al respecto y bajo qué términos y condiciones se celebró, especificando en qué aspectos defendieron los intereses de la provincia y cuáles son los beneficios de dicha transacción”.

Según el diputado, la venta de los derechos mineros de Arcadium Lithium a Rio Tinto Group sin que la Provincia de Catamarca perciba un porcentaje de dicha transacción “interpela al conjunto de la sociedad catamarqueña y obliga a las autoridades a adoptar de forma urgente medidas preventivas para proteger los intereses de la provincia”. En este marco, recordó que en reiteradas oportunidades solicitó la realización de “auditorías exhaustivas y de que la Fiscalía de Estado intervenga para asegurar que la empresa cumpla con sus obligaciones previo a autorizar la cesión de derechos mineros”.

“El Estado Provincial debe garantizar que se respeten las leyes, los contratos y los beneficios económicos comprometidos en toda operación de cesión de derechos para la explotación de un recurso estratégico para la provincia como lo es el litio. Es imprescindible que se realicen auditorías de índole impositiva, ambiental, económica y social para asegurar que la Provincia reciba lo que le corresponde y que se respeten nuestras leyes y la sostenibilidad ambiental”, afirmó el legislador.

Más adelante, advirtió que “los delitos fiscales cometidos por Livent (actual Arcadium) deben ser condenados”. En este sentido, indicó que “resulta de imperiosa necesidad la apertura de una auditoría de la ARCAT para determinar la deuda con la Provincia, incluyendo multas e intereses correspondientes”.

Finalmente, consideró que “es necesario concretar una auditoría ambiental integral del sitio, verificar el cumplimiento de los objetivos de responsabilidad social empresarial y la correcta administración de los recursos económicos destinados a estos programas”.

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