La inclusión de las personas con discapacidad en la vida social es un proceso tan gradual como imprescindible. Es mucho lo que resta por avanzar en este camino, pero también son muchos los logros alcanzados en las últimas décadas, no solamente a partir de la sanción de marcos normativos que consagran los derechos del sector, sino también en función de la implementación de políticas y acciones concretas que facilitan el ejercicio de esos derechos, que abarcan todos los aspectos de la vida privada y pública.
Cuando se acerca un nuevo proceso electoral, conviene apuntar que también en esta materia las personas con discapacidad gozan de plenos derechos, contemplados expresamente en el Código Electoral Nacional e indirectamente en el art. 75 inc. 23 de la Constitución Nacional, que fija la obligación de “legislar y promover medidas de acción positiva para garantizar la igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno goce y ejercicio de los derechos constitucionales y convencionales en particular de las personas con discapacidad”.
En este marco es que se ha puesto en marcha una campaña que se denomina Acción Nacional por el Voto Accesible, que propicia el acceso de toda la ciudadanía a la información electoral, por un lado, y la implementación de medidas de accesibilidad que permitan la participación de las personas con discapacidad, eliminando las barreras que todavía subsisten.
La accesibilidad electoral implica básicamente eliminar las barreras que impiden a las personas con discapacidad participar en las elecciones y ejercer su derecho al sufragio. Hay barreras físicas, por ejemplo los edificios escolares donde se votan que no poseen rampas de acceso o internas para el desplazamiento de las personas con problemas de movilidad. Y otras que pueden subsanarse mediante el apoyo a las personas con discapacidad visual o auditiva. Las personas con discapacidad visual pueden tener un acompañante para ingresar al cuarto oscuro. Es lo que se denomina voto asistido.
Una de las restricciones es la falta de información y formación de las autoridades de mesa y apoderados de los partidos políticos respecto de los derechos de este segmento de la población en materia electoral, razón por la cual la campaña pondrá en marcha, en las semanas previas a los comicios, charlas informativas y capacitación dirigida a quienes intervienen directamente en el acto electoral. La iniciativa también prevé la apertura de canales de información el mismo día de las elecciones con el funcionamiento de un servicio en línea para asesorar a las personas con discapacidad y asistir a las autoridades de mesa que puedan tener dudas o inquietudes.
Se utilizarán, por cierto, herramientas inclusivas. Por ejemplo, videollamadas para personas sordas, lo que permitirá que mediante el apoyo de la interpretación en Lengua de Señas Argentinas, las personas con discapacidad auditiva puedan interactuar con el presidente de mesa para poder votar.
La participación plena de todas las personas en actos centrales de la vida cívica, como por ejemplo, la elección directa de autoridades de los poderes ejecutivos y legislativos, no es solo un derecho que debe respetarse y promoverse, sino también un instrumento de mejoramiento de la calidad de la democracia.
