Fue la crónica de un final anunciado. El gobierno de Javier Milei advirtió desde el comienzo de la gestión que tenía como propósito el fin de la moratoria previsional, que permitía a trabajadores acceder a la jubilación si cumplían con el requisito de la edad -60 años para las mujeres, 65 para los hombres- pero no la cantidad necesaria de años de aportes.
Incluyó la intención de erradicarla en la denominada Ley Bases, pero no prosperó. De modo que aguardó hasta marzo de este año y optó por no renovarla. Así, solo en 2025, 150.000 mujeres y 90.000 varones no podrán acceder al beneficio previsional. Es un número impactante. Más impactante aun es la cifra para Catamarca, difundida por la presidenta de la Asociación de Amas de Casa de la provincia, Graciela Peressoni: serían alrededor de 50.000 mujeres las que no podrían acceder a la jubilación por esta decisión nacional. El número, a diferencia del señalado más arriba a nivel nacional, no se restringe al 2025 sino que calcula la cantidad aproximada de mujeres cuyos años de aporte serán insuficientes cuando cumplan la edad requerida, este año o los venideros. A nivel país, aplicado este cálculo, las personas perjudicadas se calculan en millones.
Suele creerse, erróneamente, que se trata de un beneficio injusto impuesto para que personas que nunca trabajaron accedan a haberes jubilatorios del mismo modo que trabajadores que lo hicieron por lo menos durante tres décadas. En rigor, la inmensa mayoría de las personas que durante los últimos años (la moratoria que acaba de vencerse se puso en marcha en 2023 pero hubo otras en vigencia desde 2006) se jubiló por esta vía, son personas que trabajaron toda su vida en la informalidad. Es decir, no aportaban porque sus empleadores las tenían trabajando “en negro”. De modo que las moratorias lo que impulsaban no era la convalidación de una inequidad, sino una suerte de reparación a la injusticia que padeció un segmento de los trabajadores, que además no tuvieron garantizados durante su vida laboral otros beneficios reconocidos por la ley para los que tuvieron la suerte de trabajar “en blanco”, como vacaciones pagas u obra social, por ejemplo.
Por otro lado, el sistema de la moratoria no implicaba un perdón por la falta de años de aporte, sino que facilitaba que los beneficiarios los pagaran a través del descuento mensual de sus haberes previsionales concedidos.
Como se puede advertir en otros aspectos de la vida nacional, la gestión iniciada en diciembre de 2023 sacrifica en el altar del superávit fiscal el destino de millones de personas. Pero el impacto del fin de la moratoria es demoledor, pues empuja inevitablemente a la pobreza y a la indigencia, o los obliga a seguir trabajando varios años más, para acceder a la Pensión Universal para Adulto Mayor, a una proporción importante de los trabajadores pese al esfuerzo que realizaron durante buena parte de su vida.
