miércoles 21 de febrero de 2024
Cara y Cruz

Igualdad ante la ley

La recepción de las víctimas de abusos eclesiásticos en la Cámara de Diputados es un hecho político e institucional que no registra precedentes en Catamarca...

La recepción de las víctimas de abusos eclesiásticos en la Cámara de Diputados es un hecho político e institucional que no registra precedentes en Catamarca y, en gran medida, da cuenta de la magnitud que tiene el fenómeno de los ultrajes perpetrados por sacerdotes en la provincia, si se lo evalúa en relación con la cantidad de sacerdotes: cuatro casos, de los cuales solo uno, el del belicho Juan de Dios Gutiérrez, terminó en condena. Moisés Pachado, también de Belén, falleció antes de ser sometido a juicio, mientras que la definición de la situación procesal de Renato Rasgido y Eduardo López Márquez se demora entre incidentes leguleyos y una tolerancia judicial ciertamente curiosa en comparación con el rigor que se aplica a cualquier hijo de vecina sindicado por ultrajes. Que la tonsura funciona como un blindaje es particularmente notorio en el expediente López Márquez, donde los argumentos de la defensa se enderezan a lograr la prescripción antes que a desacreditar las acusaciones. Esto es: la estrategia legal apuesta a una absolución por mero paso del tiempo, no a la inexistencia del delito.

Con el respaldo de la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos, las víctimas de los ensotanados plantearon a los legisladores el desarrollo de una política tendiente a separar la Iglesia del Estado. Es un desafío de primera magnitud en Catamarca, donde los privilegios que disfruta la corporación eclesiástica son incluso mayores que en otras latitudes e incluyen suculentos negocios inmobiliarios. Difícil que el chancho chifle, pero la propuesta está. El primer paso en este sentido sería eliminar de la Constitución provincial los artículos que priorizan al catolicismo: el 4, que establece la protección del culto Católico, Apostólico y Romano -¿por qué no otros?- y el inciso que fija como requisito indispensable para ser Gobernador profesarlo.

Aparte de la administración espiritual y material del culto por la Virgen del Valle, que ya es decir, la profundidad del calado de la prédica eclesiástica en Catamarca se manifiesta en indicios de la sumisión del poder civil como haber declarado feriado el Día del Milagro en memoria del sismo o el hecho de que el único debate entre candidatos a gobernador se haya realizado en 2015, a instancias de un Obispado inquieto por arrancarle a los aspirantes al Sillón de Avellaneda y Tula definiciones acerca de la legalización del aborto. Ningún otro asunto demandó jamás tantos esfuerzos de la curia, si se exceptúa el régimen sobre las playas de estacionamiento o el control del renovado predio de la Gruta. Cada uno elige sus prioridades. La cuestión es que las víctimas de abusos eclesiásticos reclamaron por un elemental principio republicano que el sistema catamarqueño incumple: igualdad ante la ley. Esta es la médula de la presentación en la Cámara, refórmese la Constitución o no.

La asimetría es incontrastable. Quienes se atreven a denunciar sacerdotes por violaciones enfrentan desnudos de recursos una institución que ampara a los reos munida de herramientas económicas institucionales, económicas, financieras, políticas y hasta culturales prácticamente infinitas, proporcionadas en gran medida por el Estado. Solo la visibilidad que han alcanzado los abusos eclesiásticos a nivel internacional permitió avanzar en las causas catamarqueñas y a gatas: uno de cuatro procesos se resolvió, el 25%. En tal contexto, la reunió en la Cámara baja, propiciada por la presidenta del cuerpo, Cecilia Guerrero, constituye un hito en el devenir institucional de Catamarca para quienes consideran que el Estado debe ser laico. Habrá que ver cuántos se animan a desafiar el inmenso poder de la curia en este tema tan sensible. Con la derogación del medieval Día del Milagro, la actitud generalizada fue más bien decepcionante.

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