Finalmente el INADI se pronunció en los últimos días respecto de una denuncia presentada hace dos años contra Alicia García de Solavagione, profesora de Derecho de Familia de la Universidad Nacional de Córdoba, a quien se la acusó “por los actos discriminatorios expresados en el Manual de Derecho de Familia” que usa como bibliografía obligatoria en su cátedra.
El pronunciamiento del organismo nacional fue lapidario contra la docente, que fue también fiscal en lo Civil, Comercial y laboral de la Justicia cordobesa. El INADI reclamó que en la Facultad de Derecho de la UNC se tomen las medidas necesarias para que en todas las cátedras sobre Derecho Civil y de Familia se enseñe con perspectiva de género y no se reproduzcan discursos discriminatorios. El dictamen también establece que se le comunique el veredicto al Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba, órgano que insólitamente aprobó un decreto en el que se expresa interés legislativo en ese manual con contenidos discriminatorios.
En el libro se formulan apreciaciones claramente homofóbicas, se realizan abiertas críticas al matrimonio igualitario, cuya ley fue aprobada hace ya más de doce años, y se considera como “patologías” a las identidades trans.
En la denuncia, presentada en 2020 por Martín Apaz, presidente de la ONG cordobesa Devenir Diverse, se señala que el libro de García de Solavagione “critica consensos internacionales y nacionales en temas de derechos humanos y manipula nociones de filiación y de identidad de género para fomentar la discriminación de las familias de la diversidad, a las que tilda de ilegales, entre otros detalles”.
El manual contiene afirmaciones incompatibles con el pluralismo y la tolerancia propias de la democracia en el siglo XXI: señala, por ejemplo: “si las relaciones homosexuales hoy son aceptadas, ello no implica que estén absolutamente legitimadas. La sociedad puede hacerse más tolerante y no penalizar las conductas homosexuales y con ello evitar la discriminación. Pero la tolerancia no cambia la realidad. Ni siquiera la legalización de determinadas conductas, utilizando la ficción jurídica. El orden público atiende a los datos de la realidad y a la biología. La sociedad está en su derecho a proteger determinados modelos de matrimonio que están acordes con los datos biológicos”.
El dictamen del INADI expresa que el libro “expone reiteradamente y cometiendo errores jurídicos groseros, una presunta ilegalidad de las familias monoparentales y de las relaciones homosexuales, patologiza las identidades trans y manifiesta violencia simbólica permanentemente en nombre de supuestos fundamentos científicos absolutamente inexistentes”.
Si es inadmisible que se reproduzcan mensajes discriminatorios a través de publicaciones informales en redes sociales o medios de comunicación, mucho más lo es si tales contenidos se vierten en un libro de texto de lectura obligatoria en una universidad pública que tiene como misión formar profesionales –en este caso abogados- con vocación democrática y espíritu pluralista.
