La desinformación en las sociedades democráticas causadas por noticias falsas o engañosas es un problema de consecuencias graves: además de ocultar o tergiversar la verdad, propicia la polarización de las sociedades, la multiplicación de los mensajes de odio, deteriora el tejido social e incluso tiene implicancias políticas estratégicas por la manipulación a la que se somete a usuarios de redes sociales. Respecto de esta última consecuencia, estudios incuestionables concluyen que la consultora Cambridge Analytica, una empresa de comunicación política que enfrenta investigaciones criminales en varios países, que adquirió de forma indebida información de millones de usuarios de la red social Facebook para manipular psicológicamente a votantes, contribuyó, por ejemplo, a la elección de algunos presidentes, como Donald Trump en Estados Unidos, Jair Bolsonaro en Brasil y Mauricio Macri en Argentina, y al triunfo del Brexit en el Reino Unido.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) presentó la semana pasada un informe titulado “Hechos, no falsificaciones: abordar la desinformación y fortalecer la integridad de la información”. El trabajo señala que “las experiencias que no han hecho más que acelerarse en los últimos años muestran que las campañas de desinformación, orquestadas estratégicamente por actores nacionales o extranjeros, pueden tener consecuencias de gran alcance en muchas áreas políticas que van desde la salud pública hasta la seguridad nacional o la respuesta a la crisis climática. Ponen en duda la evidencia fáctica y agravan las divisiones sociales existentes, lo que dificulta la construcción del consenso social esencial para abordar desafíos políticos complejos”.
El desarrollo de las nuevas tecnologías de la comunicación ha convertido en emisores de información a cualquier persona que tenga la posibilidad de acceder a internet. Si bien eso puede significar una democratización de la información, muchas veces en la práctica supone un riesgo cierto: para el informe de la OCDE, ese emisor no tiene “la responsabilidad de adherirse a la ética y los estándares periodísticos o académicos y científicos, construidos durante mucho tiempo para favorecer la integridad de la información”. Y agrega una reflexión inquietante: “El desarrollo del uso de la Inteligencia Artificial generativa magnificará aún más este desafío”.
El estudio tiene la virtud de no limitarse a un diagnóstico de la situación, sino que también sugiere acciones a implementar para restringir los efectos negativos de la información falsa masificada en redes y también en algunos medios de comunicación: implementar políticas para mejorar la transparencia, la rendición de cuentas y la pluralidad de fuentes de información; empoderar a las personas para que desarrollen habilidades de pensamiento crítico; y mejorar las instituciones públicas para defender la integridad del espacio de la información potenciando sus capacidades regulatorias.
