Sin paritarias ni la posibilidad de hacer paro, los jubilados y pensionados integran, junto con los trabajadores...
Sin paritarias ni la posibilidad de hacer paro, los jubilados y pensionados integran, junto con los trabajadores precarizados e informales, el grupo de mayor vulnerabilidad a la motosierra del presidente Javier Milei. La propuesta original del proyecto de Ley Ómnibus enviada al Congreso de la Nación contemplaba la derogación del artículo 32 de la Ley 24.241 que establece la movilidad jubilatoria vigente para, de ese modo, delegar en el Ejecutivo nacional la actualización de los haberes previsionales. Si la consigna del gobierno libertario es que, como “no hay plata”, se hace necesario un fuerte ajuste de las cuentas fiscales, muy sencillo es pronosticar que la discrecionalidad del Ejecutivo en el otorgamiento de los incrementos de los haberes hubiese terminado produciendo un atraso considerable de éstos respecto del vertiginoso ritmo inflacionario que el propio Milei provocó devaluando, liberando precios y retirando subsidios.
Finalmente, lo que en principio prosperará, si es que la ley se aprueba a partir de un acuerdo del oficialismo con la oposición “dialoguista”, es que la actualización de los haberes previsionales se hará en base a la inflación pero recién a partir del mes de abril. En marzo, el Gobierno aplicaría una actualización de los montos jubilatorios con la fórmula vigente. Hasta entonces no habrá aumentos salvo el otorgamiento de bonos para las jubilaciones mínimas. Y el aumento de marzo sería de aproximadamente del 35%, según las proyecciones de la consultora PxQ, cuando la inflación prevista para los tres primeros meses del año sería superior al 70%. Es decir, en los tres primeros meses del año la pérdida del poder adquisitivo de jubilados y pensionados sería brutal y en principio irrecuperable, porque a partir del segundo trimestre los ingresos se actualizarían por inflación.
Un experto en seguridad social, el economista Carlos Martínez, investigador y docente de la Universidad de General Sarmiento, hizo un cálculo referido a la mencionada pérdida del poder adquisitivo. Tomando como referencia la inflación prevista para el primer trimestre por consultoras y bancos, y partiendo del supuesto de que el gobierno de Milei continuará pagando hasta marzo el bono de 55.000 pesos, estima que las jubilaciones mínimas perderían en ese lapso un 33% de su poder de compra.
Otro informe, en este caso del economista Nadin Argañaraz, del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), presenta un análisis similar. “En el primer trimestre del año un jubilado con la mínima que cobre bonos tendrá una pérdida real del 32%. Y añade que hasta fin de año, ya con la actualización en base a la inflación, “la pérdida real sería del 16,4% respecto a 2023”.
Hace siete años que los jubilados, en términos generales, vienen perdiendo respecto de la inflación. Los haberes más deprimidos no tienen margen para seguir bajando si no es condenando a los pasivos a la más cruel de las indigencias, confirmando además que no siempre hay que mirar como un logro que los números de la macroeconomía cierren y se acomoden a las exigencias del FMI. Detrás de esas cifras hay personas sufriendo.
