Ratificada por la Corte la condena en su contra por violación y privación ilegítima de la libertad, a horas de quedar preso, Elpidio Guaraz aprovechó el amplio margen para las conjeturas que habilita la fallida investigación sobre el crimen del ministro de Desarrollo Social Juan Carlos Rojas para proponerle a la opinión pública una cinematográfica hipótesis: el expediente que lo confina en Miraflores forma parte de una confabulación pergeñada por el gobernador Raúl Jalil, el vicegobernador Rubén Dusso y la senadora nacional Lucía Corpacci para disuadirlo de contar lo que sabe sobre el presunto encubrimiento del asesinato, que fue instigado por los mismos complotados y está relacionado con las criptoestafas.
Evidentes incompatibilidades de “physique du rol” y la absoluta carencia de elementos mínimamente verosímiles que solventaran tamañas aseveraciones en sede judicial frustraron la incipiente hagiografía de “San Ramón Elpidio Testigo y Mártir”.
Sin embargo, una medida dispuesta al día siguiente de tomarle testimonio por el fiscal de la Causa Rojas, Hugo Costilla, expuso una vez más las razones que le permiten a sujetos como el ex intendente de Santa Rosa cifrar esperanzas en teorías conspirativas. De hecho puede reprochársele a Guaraz falta de originalidad: antes que él, un policía también acusado de abuso había atribuido sus infortunios a conjuras para hacerle callar lo que sabía de la trama Rojas.
Inmediatamente después del decepcionante testimonio del condenado, Costilla encomendó a cinco agentes judiciales rastrillar todas las comisarías y unidades judiciales de la Capital y Valle Viejo y la División de Informática de la Policía de la Provincia.
El propósito de esta disposición es “extremar todos los recaudos investigativos tendientes a subsanar las deficiencias oportunamente constatadas en la preservación de los registros de cámaras de seguridad durante el período crítico para la causa”.
El cadáver de Rojas fue encontrado el domingo 4 de diciembre de 2022 al mediodía. Tres años y dos meses más tarde, el fiscal de la causa toma medidas para “subsanar deficiencias” en la conservación de pruebas. El cadáver de Rojas fue encontrado el domingo 4 de diciembre de 2022 al mediodía. Tres años y dos meses más tarde, el fiscal de la causa toma medidas para “subsanar deficiencias” en la conservación de pruebas.
Tales fallas, explica, fueron corroboradas por un informe del Director de la Policía Judicial del 11 de noviembre del año pasado “en conjugación con las particularidades detectadas en las deficientes preservaciones realizadas por el SAE-911”.
“Resulta indispensable realizar un relevamiento exhaustivo y directo sobre cualquier actuación judicial o policial donde se haya ordenado la preservación o se haya recibido el aporte voluntario de material fílmico, ya sea de fuentes públicas (SAE 911, Centros de Monitoreo, Nosocomios) o privadas”, consideró Costilla.
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No sería justo ensañarse demasiado con Costilla. Tiene que enderezar un expediente mal parido, que no se cerró como muerte por causas naturales porque Luis Barrionuevo denunció, antes de que se cumplieran 24 horas del hallazgo del cuerpo, que a Rojas lo habían asesinado.
Lo que sí conviene considerar es que la historia pergeñada por Guaraz se inserta en una saga nutrida de anuncios de la Fiscalía tan espectaculares como hasta ahora infructuosos.
El último de ellos fue la realización de un ateneo interdisciplinario en el que especialistas catamarqueños y de otras provincias analizarán el plexo probatorio a ver qué se les ocurre. La Fiscalía hizo elaborar incluso una representación virtual de la casa de Rojas para mayor comodidad y eficacia del encuentro criminalístico, planeado en principio para este mes.
En el accidentado relato se destacan también el oficio librado a la Justicia de California para requerir la colaboración de “Google” en la investigación sobre el movimiento de dispositivos telefónicos, junto a la reincidencia en interrogatorios a testigos encumbrados de la que no surgieron más resultados que el impacto en la opinión pública.
Precedente
Ha de admitirse que las características del caso son propicias para tratar de montar espectáculos, pero el propio Costilla sentó el año pasado un precedente específico en la línea de la “coartada Rojas” tentada por Guaraz.
Acechado por procesos abiertos en el tribunal del Jury a raíz de su desempeño en causas vinculadas con las criptoestafas, insinuó en declaraciones públicas que era objeto de una persecución política instrumentada por sectores que no identificó y advirtió que los juicios políticos podían obligarlo, llegado el caso y en ejercicio de su derecho a defensa, a revelar detalles inconvenientes de la trama Rojas.
El Jury por el expediente Rojas fue rechazado con argumentos razonables. Los de las causas relacionadas con las criptoestafas –uno con las de Bacchiani y la otra por las “absoluciones pagas” facilitadas a los reos de un asalto a mano armada contra un acusado por las defraudaciones de “RT Inversiones”- naufragaron en cambio porque el tribunal político se autoboicoteó y pretendió forzar la acusación de fiscales que habían excusado de actuar por su amistad con el acusado.
De tal modo, Costilla no pudo exponer detalles de la presunta conjura denunciada en declaraciones a la prensa. Tampoco volvió a referirse al tema, pese a su gravedad institucional.
Truncas las expectativas depositadas en Guaraz como testigo clave, resta aguardar las conclusiones del “ateneo interdisciplinario” y el resultado del rastrillaje a comisarías y unidades judiciales.
Tres años y pico de instrucción. No se sabe quién mató a Rojas, tampoco hay sospechosos de eventuales maniobras tendientes obstaculizar la investigación.
No iba a ser justamente Guaraz quien se privara de especular con la incertidumbre.
