Para continuar, suscribite a El Ancasti. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.
SUSCRIBITE Acusado. Elpidio Guaraz.
Para continuar, suscribite a El Ancasti. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.
SUSCRIBITELa fiscal de Instrucción N° 4, Antonella Kranevitter, resolvió dejar sin efecto la participación como querellantes a la denunciante y a su abogada en la causa por “abuso de autoridad” contra el intendente de Santa Rosa, Elpidio Guaraz. Kranevitter, además, declinó competencia y giró las actuaciones a la Fiscalía de Delitos contra la Administración Pública por el tipo de delito que se le endilga al jefe comunal.
La defensa de Guaraz, a cargo del abogado Luciano Rojas, había planteado “la falta de legitimación” de Shirli Cordero y su abogada Natalia Páez Vaca para continuar como querellantes en la causa. El fundamento de la presentación de Rojas es que el delito que se le atribuye al acusado tiene a la Administración Pública como sujeto pasivo. Según el Código Penal, en su artículo 250, el abuso de autoridad ocurre “cuando el jefe o agente de la fuerza pública rehusara, omitiere o retardare sin causa justificada, la prestación de un auxilio legalmente requerido por la autoridad civil competente”. La sanción prevista es prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo.
Para el abogado de Guaraz, de continuar como querellantes “afectaría gravemente las garantías de su representado”.
Por su parte, la abogada querellante Páez Vaca señaló que la “ofendida” en este proceso es su clienta ya que la negativa a habilitar su local comercial fue la consecuencia de que ella no accediera a las invitaciones que Guaraz le hacía. Agregó que la imputación podría modificarse en el proceso y pidió que el intendente, además de ser acusado por “abuso de autoridad”, se le agregue “tentativa de abuso sexual”.
La fiscal Kranevitter hizo lugar a lo solicitado por la defensa y resolvió dejar sin efecto la participación de la querella. Asimismo declinó competencia y giró las actuaciones al fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, Facundo Barros Jorrat.
La causa tiene como damnificada a Shirli Cordero, quien es dueña de un hospedaje y playa de estacionamiento en Bañado de Ovanta. La mujer denunció en junio del 2021 que tuvo trabas para lograr la habilitación para que funcione el comercio. Según Cordero, la clausura no había sido levantada porque no acepta las invitaciones y propuestas que le hace Guaraz.
Guaraz también tiene otra causa por la que está imputado por “privación ilegítima de la libertad agravada” y “abuso sexual con acceso carnal”.
