Galán propone "proteger" a todos los empleados del Estado que hagan denuncias
En medio del reclamo por la situación de los dos asesores que lo denunciaron a él, pidió el mismo trato para becados, contratados y agentes de la Administración.
Pelea. Galán sostiene que no se lo juzga con la misma vara que a los "amigos del Gobierno".
5 de junio de 2026 - 00:10
En medio de su reclamo por el dictamen de la Cámara de Diputados que le impidió al bloque del MID dar de baja a los dos empleados que lo denunciaron por abuso y excensiones ilegales, el diputado Javier Galán presentó un proyecto de ley para "proteger" a todos los empleados del Estado que denuncien hechos de violencia o acoso. Su proyecto está en sintonía con el Decreto Acuerdo nº91/23, que establece un régimen especial de licencias para víctimas de violencia de género.
Galán, que con este sumó su segundo proyecto presentado en lo que va de la gestión, propuso crear el "Régimen General de Protección Integral, Contención y Reubicación Preventiva Laboral, de carácter permanente, objetivo y transparente, en el ámbito de los poderes públicos de la Provincia de Catamarca". Según fundamentó, tiene por finalidad "garantizar el resguardo inmediato y la estabilidad de las personas que denuncien hechos de violencia de género, violencia laboral, acoso, hostigamiento, persecución política o cualquier modalidad de atropello que afecte su integridad psicofísica o dignidad en el ejercicio de sus funciones".
"Durante semanas reclamé algo muy simple: que se respeten las mismas reglas para todos. Hasta hoy nadie explicó con qué norma se puede restringir una facultad que el Reglamento Interno reconoce a todos los diputados. Pero lejos de quedarme en la queja, decidí transformar esta situación en una propuesta concreta para toda la sociedad. Por eso presenté un proyecto de ley para proteger a todos los trabajadores del Estado que denuncien violencia, acoso, persecución laboral o cualquier situación de vulnerabilidad: a los empleados públicos, a los contratados, a los becados, a los pasantes, a quienes dependen de programas laborales, a todos aquellos que muchas veces viven con miedo a perder el único ingreso que sostiene a sus familias. Si realmente queremos proteger a las víctimas, hagámoslo en serio", señaló el diputado.
En este sentido, insistió en su lucha personal por la situación de Daniela Solohaga e Iván Luna Avellaneda, dos de sus asesores que lo denunciaron penalmente y que la Cámara de Diputados decidió no desvincular, pese al pedido formal del MID. "Si la Presidencia de la Cámara considera que debe contener y proteger a quienes denuncian, entonces que lo haga desde su propia estructura y presupuesto institucional, sin debilitar el funcionamiento de los despachos legislativos elegidos por el pueblo, porque una cosa es proteger y otra muy distinta es hacerlo afectando las herramientas de trabajo de quienes tienen la responsabilidad de representar a miles de catamarqueños", remarcó.
Entre los puntos a destacar del proyecto, Galán propone la activación de un "Protocolo de Reubicación Inmediata" ante la formulación de una denuncia judicial, administrativa o institucional formulada contra un legislador, autoridad, funcionario, intendente o superior jerárquico", para lo que "la autoridad máxima del poder u organismo correspondiente se encuentra obligada a disponer, dentro del plazo perentorio de 48 horas, la inmediata reubicación preventiva de la persona denunciante".
Además, sugiere que esa reubicación garantice la continuidad absoluta del vínculo laboral, con la "prohibición de rescisión contractual, cese de designación, o baja del beneficio de beca, pasantía o programa análogo motivado de forma directa o indirecta por la denuncia formulada"; la preservación de las condiciones de revista (es decir, que el denunciante mantenga la categoría, función, antigüedad y nivel remunerativo o monto del estímulo económico o beca percibida); una inexistencia de perjuicio, es decir que el denunciante no tenga consecuencias desfavorables en la carrera administrativa, profesional o formativa; y una "incolumidad psicofísica", con la "asignación a dependencias u oficinas que aseguren un entorno laboral digno, seguro y libre de hostigamiento, garantizando la no proximidad física o funcional con la persona denunciada".
También señala que después de 48 horas, esa persona reubicada "será absorbida presupuestaria y administrativamente por la estructura presupuestaria general del Poder o Municipio correspondiente".
