El oficialismo puso el tema en debate ayer en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
El diputado provincial Javier Galán (MID) expresó su preocupación tras la primera reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja, en la que entre los asuntos pendientes se tocó el pedido de desafuero que el juez de Garantías nº4, Marcelo Sago, solicitó hace casi cinco años respecto de la diputada Natalia Saseta (PRO). Galán, que lo tomó como una afrenta hacia él por su situación judicial, anticipó que eventualmente rechazará tal pedido.
Ayer se realizó la primera reunión del año de la Comisión de Asuntos Constitucionales en Diputados, con Eduardo Andrada (UP-FT) al frente. Según se informó oficialmente, "los legisladores avanzaron en el análisis de distintos proyectos que se encuentran en tratamiento dentro de la comisión y dictaminaron el pase a archivo de diversas iniciativas parlamentarias". "Además, se definió una agenda de trabajo para continuar con el abordaje de temas legislativos vinculados al funcionamiento institucional y parlamentario", mencionaron.
Sin embargo, fue el diputado Galán el que encendió las alarmas, al señalar que en esa reunión sucedió "algo que me deja muchas dudas". "Después de más de dos años sin mover un solo papel sobre el pedido de desafuero de la diputada Natalia Saseta, recién ahora quieren 'armar el expediente' y avanzar con urgencia. ¿Casualidad? No lo creo", lanzó el legislador.
En esa línea, recriminó que durante años "no hubo interés político en tratar el tema". "Pero ahora, justo cuando empiezan a hablar también de un posible pedido de desafuero contra mi persona, aparece la necesidad de 'ordenar' todo rápidamente. Lo dije claramente: queda muy desprolijo explicar por qué dejaron dormir un desafuero durante más de dos años y ahora quieren acelerar otros según la conveniencia política del momento", reclamó.
Galán anticipó que él no acompañará el pedido de desafuero de Saseta. "Las instituciones no pueden utilizarse como herramientas para perseguir opositores ni sacar de la cancha a quienes piensan distinto. Porque esa es la verdadera discusión: cada vez que aparece alguien que incomoda al poder buscan disciplinarlo, condicionarlo o eliminarlo políticamente. Así hablan de democracia. Así hablan de institucionalidad. Así hablan de respetar la voluntad popular", cuestionó y aseguró que "los catamarqueños merecen algo mucho mejor que estas maniobras políticas".
De esta manera, Galán inscribió lo sucedido en la comisión de ayer como parte de una afrenta personal, ya que actualmente pesan sobre él cuatro denuncias penales por hechos de abuso sexual, peculado de servicios y retención de haberes, y una de ellas ya se encuentra en la etapa de investigación sumarial: justamente el mismo juez de Control de Garantías que entiende en la causa de Saseta, Marcelo Sago, es quien lleva adelante el expediente y ya solicitó las primeras medidas.
Sago tiene un plazo de dos meses (del que transcurrieron ya tres semanas) para determinar si considera necesario pedir el desafuero de Galán en la Legislatura, y eventualmente es la Cámara de Diputados la que debe aprobar ese pedido: para ello necesita los dos tercios de los votos, es decir, el respaldo de 27 diputados. Ninguno de los bloques tiene ese número.
Pericias
La semana pasada Sago solicitó información sobre los empleados designados por Galán en la Cámara de Diputados y sobre el personal que cumple funciones en el Corralón San Javier, en el marco de la causa abierta por presunto peculado de servicios, abuso sexual y exacciones ilegales. Además, libró oficio al ARCAT para determinar la situación societaria de la empresa y establecer formalmente su titularidad. Las medidas profundizan sobre la línea de la posible utilización de empleados pagados con fondos públicos en un comercio privado.
La situación de Saseta
El pedido de desafuero contra la diputada Natalia Saseta se presentó por primera vez en 2021, por la presunta comisión del delito de exacciones ilegales en carácter continuado y como autora por una denuncia presentada en 2020 por un exempleado de la diputada.
Saseta se presentó ante la Justicia y dijo que en realidad la víctima de extorsión era ella, que se había negado a entregarle al denunciante una suma que le exigía para no avanzar con la denuncia.
En abril de 2024, Sago reiteró el pedido de desafuero mediante un oficio enviado a la Cámara. Este año, puesta en escena por el propio Galán, Saseta aseguró que su situación es distinta porque "el denunciante desistió de la persecución penal".n